Esta historia fue publicada originalmente por Katherine Dailey para Michigan Advance, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Jon King/Michigan Supreme Court
Por Katherine Dailey
La Corte Suprema de Michigan celebrará una audiencia administrativa pública el miércoles 14 de enero para tratar una propuesta de norma judicial que prohibiría cualquier arresto civil en un tribunal “mientras se asiste a un procedimiento judicial o se realizan trámites legales en el juzgado”.
La norma, presentada por la corte para consulta pública a finales de noviembre, cubriría la mayoría de los arrestos del ICE, generalmente realizados bajo órdenes judiciales de inmigración civil, que son órdenes administrativas, no judiciales.
El período de consulta pública sobre la propuesta generó una gran respuesta, con más de 2500 comentarios publicados en el sitio web de la corte en poco más de un mes. La mayoría de los comentarios fueron presentados por particulares, pero organizaciones legales como el Comité Ejecutivo del Colegio de Abogados del Estado de Michigan y el Organismo de Planificación del Estado de Michigan también presentaron comentarios a favor de la norma propuesta. Algunos funcionarios electos también presentaron comentarios a favor, como la Fiscal General Dana Nessel y los senadores estatales Mary Cavanagh, Jeremy Moss y Stephanie Chang, todos demócratas del área de Detroit.
“Esta actualización de la norma armonizaría a Michigan con otros estados para garantizar que las personas que realizan trámites legales en los juzgados, independientemente de su estatus migratorio, puedan hacerlo sin la preocupación de ser arrestadas posteriormente por un asunto no relacionado con sus trámites en el juzgado”, afirma la declaración de los senadores.
Los comentarios de Nessel abordaron directamente el posible impacto de dicha norma en la aplicación de la ley por parte del ICE.
“La existencia de sus propias políticas previas y su cumplimiento por parte del ICE demuestra que el ICE puede llevar a cabo sus operaciones sin realizar arrestos civiles en un juzgado. Y no hay nada en la enmienda propuesta que sugiera lo contrario”, escribió. “En resumen, el impacto de la enmienda propuesta en las operaciones del ICE será mínimo, y cualquier impacto se ve ampliamente compensado por la necesidad de proteger y preservar el derecho fundamental de las personas a la participación y la rendición de cuentas en la administración justa de justicia”.
Esta norma armonizaría a Michigan con varios otros estados que han promulgado políticas para limitar las acciones del ICE en los juzgados, como Nueva York, Connecticut e Illinois.
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