Maryland firma proyecto de ley que prohíbe acuerdo entre la policía local y lCE

Esta historia fue publicada originalmente por William J. Ford para Maryland Matters, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: William J. Ford/Maryland Matters

Por Wiliam J. Ford

Annapolis, Maryland.— El gobernador Wes Moore (demócrata) firmó el martes una ley de emergencia que prohíbe los acuerdos 287(g) entre las agencias policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), poniendo fin a años de esfuerzos de defensores de la inmigración que afirman que la policía local no debería realizar el trabajo de los agentes federales.

El Proyecto de Ley del Senado 245 y el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 444 entran en vigor de inmediato y otorgan a los nueve condados de Maryland 90 días para rescindir sus acuerdos con el gobierno federal. Sin embargo, la lucha podría no haber terminado aún, ya que los alguaciles de varios de esos condados afirmaron que están considerando recurrir a los tribunales para impugnar la ley que, según afirman, provocará un mayor caos migratorio en el estado.

Los acuerdos 287(g) actuales en el estado

Darren Popkin, director ejecutivo de la Asociación de Alguaciles de Maryland, declaró el martes en un mensaje de texto que “los jefes y alguaciles agradecen la comunicación del gobernador Moore sobre el tema de la inmigración”.

Durante una entrevista el lunes, Popkin afirmó que todos los acuerdos deben rescindirse en los próximos 90 días. Sin embargo, afirmó que los departamentos del sheriff están considerando posibles acciones legales.

Los sheriffs que visitaron Annapolis el mes pasado afirmaron que los acuerdos 287(g) que tienen no obligan a sus agentes a salir a la calle para hacer cumplir la ley de inmigración, sino que solo exigen que las cárceles locales retengan a los inmigrantes indocumentados durante 48 horas adicionales para que ICE los recoja. La situación en Maryland no se parece en nada a las redadas, enfrentamientos y tiroteos de Minnesota, señalaron, en parte debido a los traslados controlados entre cárceles en Maryland.

“La única manera de que la aplicación de la ley migratoria pueda continuar es si ICE aumenta sus recursos aquí en Maryland”, declaró el martes Darren Popkin, director ejecutivo de la Asociación de Sheriffs de Maryland. “Entonces se convierte en una operación de aplicación de la ley muy abierta y pública, en lugar de en una zona segura dentro de los centros de detención”.

Durante una entrevista el lunes, Popkin afirmó que los alguaciles están considerando posibles acciones legales. Los nueve condados que actualmente tienen acuerdos 287(g) son Allegany, Carroll, Cecil, Frederick, Harford, Garrett, St. Mary’s, Washington y Wicomico.

Sin embargo, Moore, líderes demócratas y defensores de los derechos de los inmigrantes y la justicia penal han señalado que la agencia federal, bajo la administración Trump, ha causado daño, frustración y temor en las comunidades. Además, afirman que agentes de ICE han detenido a personas sin antecedentes penales.

“Este proyecto de ley establece una línea muy clara: En Maryland, defendemos los derechos constitucionales y defendemos la actuación policial constitucional, que defendemos y apoyamos a las fuerzas del orden capacitadas en nuestro estado”, declaró Moore durante la ceremonia de firma del proyecto. “No permitiremos que sean delegadas por agencias que no cumplan con los mismos estándares”.

Junto con la firma, Moore envió una carta al poder ejecutivo y a las fuerzas del orden, enfatizando la necesidad de una actuación policial constitucional que se base en principios fundamentales como la justicia y la equidad, la capacitación adecuada de las fuerzas del orden y la priorización de recursos. La carta también indicó que los recursos policiales estatales y locales “deberían centrarse en proteger a los residentes de Maryland de las amenazas a la seguridad pública, incluyendo la coordinación con el gobierno federal en grupos de trabajo conjuntos y la destitución de delincuentes violentos… no en la aplicación administrativa del estado civil contra extranjeros respetuosos de la ley”.

Popkin dijo en un mensaje de texto el martes que “los jefes y alguaciles agradecen la comunicación del gobernador Moore sobre el tema de la inmigración”.

El senador William C. Smith Jr. (demócrata por Montgomery), presidente del Comité de Procedimientos Judiciales y promotor de la SB525, destacó que tres de los principales líderes del estado provienen de familias inmigrantes: Moore, de madre jamaiquina; la presidenta de la Cámara de Representantes, Joseline Peña-Melnyk (demócrata por Prince George’s y Anne Arundel), originaria de la República Dominicana; y la vicegobernadora Aruna Miller (demócrata), nacida en la India.

“Ocupan los cargos más altos del estado, y que cumplamos nuestra promesa de proteger a todos en Maryland es realmente conmovedor y asombroso”, declaró Smith tras la firma del proyecto de ley. “Creo que el simbolismo de esto radica en que vimos lo que estaba sucediendo a nivel federal y comprendimos que debíamos actuar con rapidez y decisión para proteger a los habitantes de Maryland y proteger nuestros valores”.

Sin embargo, los legisladores republicanos expresaron su decepción con sus colegas demócratas, especialmente por la aprobación apresurada del proyecto de ley a menos de un mes del inicio de la sesión de 90 días de la Asamblea General.

La mayoría demócrata priorizó los proyectos de ley en medio del debate nacional sobre las agresivas tácticas de control migratorio adoptadas por la administración Trump. La reacción pública contra el ICE y los agentes federales se produjo en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alez Pretti, fueron asesinados a tiros el mes pasado por agentes federales.

“Me consterna bastante que el principal tema político que entusiasma a los demócratas sea permitir que delincuentes ilegales que, de hecho, están lastimando, violando y asesinando a personas en nuestro estado…”, dijo la delegada Lauren Arikan (republicana por Harford), cuyo condado cuenta con el segundo acuerdo 287(g) más antiguo del estado. “Me parece bastante repugnante que esto sea en lo que se centren los demócratas cuando la gente ni siquiera puede pagar sus facturas de electricidad en este momento”.

Pero los defensores celebraron la aprobación de los proyectos de ley. Entre ellos, Liliana Ramírez, quien se tomó la mañana libre de la escuela para estar de pie en el aire frío afuera de la Cámara de Representantes antes de la firma del proyecto de ley y contar su historia ante las cámaras y los micrófonos. Liliana, de 10 años y residente del condado de Prince George, dijo que agentes de ICE se llevaron a su padre el 30 de diciembre en Frederick, antes de que comenzara a trabajar en la construcción.

“Este proyecto de ley no traerá a mi papá a casa, pero significa que otros niños como yo y otras familias no tendrán que pasar por lo que pasó la mía, y eso me da esperanza”, dijo Liliana, cuya familia es de El Salvador, junto a varias docenas de miembros de CASA y legisladores estatales.

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