Esta historia fue publicada originalmente por Adam Echelman para Cal Matters, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Larry Valenzuela, CalMatters
Por Adam Echelman
Miles de camioneros inmigrantes de California se encuentran en un limbo legal después de que la administración Trump ordenara al estado revocar sus licencias a principios de este año. Muchos están ahora sin trabajo y no pueden mantener a sus familias.
Varias demandas buscan restablecer las licencias de conducir comerciales, también conocidas como licencias de transporte, pero hasta el momento, ninguna ha logrado que estos conductores puedan seguir trabajando.
Se estima que hasta 61,000 camioneros de California perderán sus licencias en los próximos años como resultado de las medidas federales, lo que representa entre el 5% y el 10% de los titulares de licencias en el estado. Aproximadamente 13,000 conductores ya han perdido sus licencias, lo que, según expertos del sector, podría aumentar los costos de transporte en todo el estado.
Muchos de los conductores afectados son solicitantes de asilo o personas con estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Tienen derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos, pero la administración Trump ha alegado, sin datos rigurosos, que estos camioneros conducen de forma más peligrosa que los ciudadanos estadounidenses o los inmigrantes con estatus más permanente, como los titulares de la tarjeta verde. Para justificar su represión, el gobierno federal citó algunos accidentes fatales ocurridos el año pasado en los que se vieron involucrados camioneros punjabíes, incluido uno en Ontario en octubre que dejó tres muertos.
Para los conductores inmigrantes afectados, la pérdida de sus licencias de conducir camiones pone en peligro su sustento.
Uno de ellos, cuyo apellido es Singh, tiene dos hijos y vive en el Área de la Bahía de San Francisco. Durante años, rara vez estuvo en casa, ya que trabajaba como camionero de larga distancia transportando mercancías por todo el país. CalMatters acordó no publicar su nombre de pila porque teme que las autoridades de inmigración lo tomen como objetivo.
Singh tiene derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos porque un juez aprobó su solicitud de asilo. Solicitó la tarjeta verde hace tres años, pero aún no la ha recibido. Si la hubiera recibido, estaría exento de las medidas y políticas federales de control migratorio.
Como contratista independiente, Singh trabaja para empresas entregando mercancías y gana entre 11.000 y 16.000 dólares al mes. Sin embargo, sus gastos son elevados. Hace cuatro años compró su propio camión por 160.000 dólares y tiene pagos mensuales de 3.000 dólares de préstamo, además de 1.500 dólares al mes de seguro.
Debido a las nuevas medidas de control, Singh perdió su licencia comercial el 6 de marzo y ya no puede conducir su camión. El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) le emitió una licencia temporal que le permite conducir un automóvil, pero esta licencia no es suficiente como identificación, según Singh, ya que muchos empleadores no la reconocen. La licencia temporal no es física ni tiene foto.
Singh comentó que su esposa ha empezado a trabajar como niñera mientras él busca empleo.
“¿Qué tipo de trabajo me va a permitir pagar el alquiler y todas estas deudas?”, preguntó durante una entrevista telefónica con CalMatters, mientras sus hijos, de 4 y 8 años, le gritaban de fondo.
Un año de espera para la resolución
En septiembre, la administración Trump criticó al Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) por emitir licencias comerciales con fechas de vencimiento que no coincidían con las de los permisos de trabajo de los conductores. El gobierno federal ordenó entonces a California que revocara miles de licencias de transporte de ciertos no ciudadanos y creó una nueva política que prohíbe a dichos conductores inmigrantes obtener licencias en el futuro. El gobernador Gavin Newsom afirmó que las acusaciones eran injustas o falsas, pero el estado finalmente acató la orden.
En febrero, un juez del Tribunal Superior del Condado de Alameda ordenó al estado que diera a conductores como Singh la oportunidad de recuperar sus licencias, luego de que un bufete de abogados y dos grupos de defensa legal, el Asian Law Caucus y la Sikh Coalition, presentaran una demanda en nombre de los camioneros.
Sin embargo, California aún no ha reexpedido ni una sola de las 13,000 licencias que revocó.
“El tribunal dictaminó que el DMV debe aceptar nuevas solicitudes y tramitarlas en un plazo razonable”, declaró Jonathan Groveman, portavoz del DMV, a CalMatters en un correo electrónico. El DMV les ha comunicado a Singh y a otros conductores afectados que pueden volver a solicitar sus licencias y que el trámite puede tardar hasta un año. Aun así, el DMV le informó al juez del Tribunal Superior del Condado de Alameda que es posible que no pueda tomar una decisión sobre las licencias.
El DMV está demorando el trámite debido a la presión del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que ha amenazado con sancionar a California si emite licencias comerciales a estos inmigrantes. El secretario de Transporte, Sean Duffy, ya anunció que retendrá aproximadamente 160 millones de dólares en fondos federales para carreteras destinados al estado debido a su gestión anterior de las licencias de transporte. También indicó que, si el estado vuelve a emitir las licencias, el Departamento de Transporte consideraría medidas más severas, incluyendo la revocación total de la capacidad del estado para emitir licencias de transporte.
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) demandó al Departamento de Transporte en febrero en respuesta a las amenazas. Otras demandas, incluyendo una en Washington D.C., podrían revertir algunas de las políticas que afectan a los conductores inmigrantes de California, pero aún están pendientes.
En marzo, Singh llamó a su banco para solicitar un aplazamiento en los pagos del préstamo de su camión mientras espera una decisión sobre la restitución de su licencia. Comentó que el banco estaba al tanto de su situación, ya que había recibido varias llamadas similares esa semana de otros camioneros. Según él, el banco denegó su solicitud.
El 2 de abril, el juez de Alameda celebró otra audiencia para obtener información actualizada sobre los intentos del DMV de restituir las licencias. El estado afirmó que aún está resolviendo su disputa con la administración Trump y que espera la resolución de los trámites legales relacionados, lo cual podría demorar meses. El juez accedió a volver a tratar el asunto en octubre.
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