Esta historia fue publicada originalmente por Yana Kunichoff de Arizona Luminaria y Raphael Romero Ruiz de Caló News para AZ Mirror, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Michael McKisson/Arizona Luminaria
Por Yana Kunichoff/Raphael Romero Ruiz
Los arrestos por inmigración en Arizona se triplicaron con creces en el año fiscal 2025, a medida que las redadas callejeras se han vuelto cada vez más frecuentes en vecindarios y lugares de trabajo durante la segunda administración Trump.
El temor a la aplicación de las leyes migratorias ha sido una sombra sobre las comunidades inmigrantes durante décadas, pero bajo la administración Obama, las redadas callejeras se transformaron en una estrategia de control más selectivo. Bajo la administración actual, una política que deja pocos espacios públicos o privados protegidos de la aplicación de las leyes se ha convertido rápidamente en la norma.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) registró más de 6,000 arrestos en Arizona, la mayoría de los cuales ocurrieron poco después del regreso de Trump a la presidencia.
En los primeros tres meses del año fiscal, de octubre a diciembre de 2024, los arrestos mensuales en Arizona se mantuvieron estables entre 175 y 190, en línea con el ritmo del año anterior.
Luego, tras la investidura, las cifras muestran un cambio drástico.
Los arrestos comenzaron a aumentar drásticamente, llegando a 364 en febrero, el primer mes completo del segundo mandato de Trump, y a más de 800 en junio. En septiembre, los agentes federales de inmigración arrestaron a más personas que en cualquier otro mes desde el segundo mandato de Trump: un récord de 997 arrestos.
CALÓ News y Arizona Luminaria analizaron los registros internos de arrestos del ICE obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación, una iniciativa de investigación que recopila y divulga datos gubernamentales sobre la aplicación de la ley mediante solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información. Los datos abarcan el año fiscal 2024 (del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024) y el año fiscal 2025.
El análisis de datos se centra en dos grupos: arrestos bajo custodia y arrestos sin custodia. Los arrestos sin custodia se refieren a personas arrestadas en operativos callejeros en vecindarios o lugares de trabajo.
Los arrestos sin custodia son personas arrestadas por el ICE que ya se encontraban bajo custodia policial en una cárcel local o prisión estatal, o, en algunos casos, bajo custodia federal en Arizona.
Los datos reportados por el ICE muestran que los arrestos bajo custodia en Arizona se triplicaron con creces, pasando de al menos 1249 el año pasado a 3821 en el año fiscal 2025.
Los arrestos sin custodia experimentaron el crecimiento más exponencial. Este tipo de arrestos eran casi inexistentes al inicio del año fiscal, con solo 18 registrados en octubre de 2024.
Tras la toma de posesión de Trump, la cifra aumentó de 63 personas arrestadas por las autoridades de inmigración en operativos callejeros en enero a 124 en febrero, alcanzando un máximo de 421 arrestos sin custodia en agosto de 2025. Esto representa un aumento de casi siete veces en tan solo siete meses.
Desde que la administración Trump asumió el cargo, los arrestos callejeros se han vuelto cada vez más visibles a través de videos compartidos en línea de vecindarios inundados por agentes federales.
Casi siete de cada diez personas arrestadas durante estos operativos callejeros no tenían antecedentes penales. Incluso entre los arrestos bajo custodia, menos de la mitad sí los tenía.
En Arizona, la mayoría de los arrestos se realizan en privado, en cárceles y prisiones administradas por las fuerzas del orden locales y estatales, así como en instalaciones federales.
Alrededor del 38% de todos los arrestos del último año fiscal se realizaron a través del Programa de Extranjeros Criminales, que permite a ICE detener a inmigrantes bajo custodia de agencias federales, estatales o locales.
Los arrestos bajo custodia también son posibles gracias a la forma en que las fuerzas del orden locales colaboran con el gobierno federal, según Yvette Borja, abogada que trabaja con la red de defensa de inmigrantes Red de DefensAZ, con sede en Tucson, para apoyar a las comunidades inmigrantes del sur de Arizona. “Sin ellos, ICE simplemente no podría detener y deportar a personas a la escala que lo hace”, dijo Borja.
Los organizadores afirman que los arrestos por inmigración demuestran cómo las medidas de control migratorio, tanto históricamente como durante la segunda presidencia de Trump, contribuyeron a excluir del país a la comunidad latina y a otros grupos racializados.
“La cruel y severa política de tolerancia cero de esta administración… utiliza la discriminación racial para perseguir indiscriminadamente a cualquier persona con un estatus migratorio precario y deportarla, incluso a veces ignorando concesiones previas de amparo legal u órdenes de libertad supervisada”, declaró Borja.
Los funcionarios federales cuestionan esta caracterización y afirman que las medidas de seguridad se centran en la seguridad pública.
“Diariamente, el DHS realiza actividades de aplicación de la ley en todo el país para garantizar la seguridad de los estadounidenses. No debería ser noticia que el ICE realizará arrestos en estados de EEUU y que está trabajando activamente para ampliar el espacio de detención”, declaró un portavoz anónimo del ICE en un correo electrónico a Arizona Luminaria. “Gracias a la Ley One Big Beautiful, el ICE cuenta con nuevos fondos para ampliar el espacio de detención y mantener a estos delincuentes fuera de las calles estadounidenses antes de que sean expulsados definitivamente de nuestras comunidades”.
Esta aplicación de la ley ha impactado a las comunidades inmigrantes en Tucson, Phoenix y otras partes de Arizona.
Una madre venezolana con dos hijos fue detenida por la Patrulla Fronteriza en la zona sur de Tucson en febrero y luego deportada a México. Esta serie de eventos empujó a la familia a un futuro incierto y aterrador como migrantes en México.
En Phoenix, los defensores de Trans Queer Pueblo continúan luchando por la liberación de uno de los suyos de la detención migratoria. Arbella “Yari” Rodríguez Márquez, residente de Phoenix con leucemia, ha estado bajo custodia desde febrero de 2025, y sus seres queridos dicen que su salud ha seguido deteriorándose debido a la falta de atención médica adecuada.
Estas realidades se han hecho eco en todo el sur de Arizona: familias inmigrantes han sido arrestadas en sus hogares, mientras se dirigían a citas médicas en Tucson o a las afueras de sus supermercados locales, durante operativos que incluyeron la rotura de ventanas por agentes federales.
Al menos 46 personas fueron arrestadas, muchas de ellas trabajadores, en una serie de redadas coordinadas en restaurantes Taco Giro de toda la ciudad. La representante Adelita Grijalva fue rociada con gas pimienta por agentes federales que se volvieron contra los manifestantes que protestaban contra las redadas en diciembre de 2025.
En enero, un operativo similar resultó en el arresto de 38 empleados de Zipps Sports Gill en el área de Phoenix. Voluntarios de respuesta rápida, funcionarios gubernamentales y residentes locales protestaron en masa durante y después de las redadas de la Investigación de Seguridad Nacional.
En Arizona, los residentes, incluidos ciudadanos estadounidenses, llevan consigo documentos para comprobar su estatus migratorio, en medio de informes constantes de que las autoridades migratorias han detenido a más de 170 ciudadanos.
Los grupos locales de respuesta rápida y los organizadores de ayuda mutua han intensificado sus esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas y establecer sistemas para asistir a las redadas en cuanto ocurren.
Mientras tanto, las autoridades de Tucson y del condado de Pima están implementando políticas para restringir el uso que las autoridades federales de inmigración pueden hacer de las propiedades del gobierno local para operaciones de control.
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