Esta historia fue publicada originalmente por Charlotte Rene Woods para Virginia Mercury, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Charlotte Rene Woods/Virginia Mercury
Por Charlotte Rene Woods
Dos proyectos de ley destinados a ampliar el acceso a los anticonceptivos en Virginia se dirigen al despacho de la gobernadora Abigail Spanberger, retomando medidas que fueron aprobadas por la legislatura en el pasado pero que nunca se convirtieron en ley.
De ser firmadas este mes, las propuestas marcarían un cambio bajo el mandato de Spanberger, una demócrata que ha manifestado su apoyo a los derechos reproductivos y a un mayor acceso a la atención médica.
La Ley del Derecho a la Anticoncepción, patrocinada por la delegada Cia Price (demócrata por Newport News) y la senadora Jennifer Carroll Foy (demócrata por Prince William), establecería el derecho estatal a obtener anticonceptivos y permitiría a las personas demandar si se viola dicho derecho.
Por su parte, la Ley de Equidad en la Anticoncepción, patrocinada por Carroll Foy y el delegado Joshua Thomas (demócrata por Prince William), exigiría a las compañías de seguros médicos que cubran tanto los anticonceptivos con receta como los de venta libre sin copago.
«Si tienes un derecho, eso es fantástico, pero también tienes que tener acceso a ese derecho», declaró Tarina Keene, directora de Repro Rising Virginia, en una llamada reciente.
Ella enfatizó que los dos proyectos de ley podrían ayudar a más personas a obtener anticonceptivos en un momento en que muchas ya enfrentan dificultades.
Datos del Departamento de Salud de Virginia muestran una tendencia a la baja en los embarazos no planificados, ya que el estado ha ampliado el acceso a través de programas estatales y ha aprovechado el apoyo federal. Sin embargo, casi el 40% de los encuestados en una encuesta estatal del Departamento de Salud de Virginia reportaron que la falta de seguro o los costos inasequibles representan barreras para acceder a los anticonceptivos.
Si bien un programa federal puede ayudar a las personas sin seguro, el proyecto de ley de Carroll Foy y Thomas también podría ampliar el acceso para quienes cuentan con seguro público y privado.
La financiación del programa federal Título X expiró este mes, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. abrió tardíamente el plazo de solicitud para el próximo ciclo de financiación.
La Ley de Equidad en Anticoncepción, en última instancia, alinearía a Virginia con la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que exige a las aseguradoras cubrir los anticonceptivos.
Sin embargo, una normativa emitida durante el primer mandato del presidente Donald Trump amplió las exenciones para empleadores y universidades con objeciones religiosas o morales, permitiéndoles excluir la cobertura de anticonceptivos de los planes de seguro que ofrecen. El fiscal general de Virginia, Jay Jones, forma parte de una demanda interestatal que impugna dicha norma.
A medida que la política federal en materia de salud reproductiva continúa evolucionando, Keene afirmó que el proyecto de ley de Carroll Foy y Thomas podría fortalecer la Ley del Derecho a la Anticoncepción.
Su organización ha apoyado ambas medidas durante años, presentando testimonios durante los períodos de comentarios públicos y abogando por su aprobación.
La Ley de Equidad recibió apoyo bipartidista en ambas cámaras. Si bien Keene expresó su deseo de contar con un mayor respaldo republicano, señaló que los votos reflejan el reconocimiento de que la ley puede ayudar a las personas con la planificación familiar y las afecciones médicas tratadas con anticonceptivos.
Sin embargo, las dos versiones de la Ley del Derecho a la Anticoncepción obtuvieron diferentes niveles de apoyo bipartidista, debido principalmente a un renovado debate sobre el consentimiento parental. Los legisladores republicanos buscaron reafirmar la ley estatal vigente que prohíbe a los menores someterse a procedimientos de esterilización sin el consentimiento de sus padres.
El código estatal actual ya permite que los menores obtengan anticonceptivos sin la aprobación de sus padres o tutores, mientras que exige el consentimiento para los procedimientos quirúrgicos.
Carroll Foy accedió a incluir el texto adicional en su versión de la propuesta para “que algunos republicanos se sintieran mucho más cómodos apoyando el proyecto de ley”, según declaró a The Mercury el mes pasado.
Price, quien ha impulsado su versión del proyecto de ley durante varios años, afirmó que la adición era innecesaria.
“No reiteramos la ley vigente en cada proyecto de ley que presentamos; dejamos que el código existente hable por sí mismo”, había declarado anteriormente.
Tras la conciliación de las diferencias entre ambas cámaras, el texto adicional finalmente se eliminó y el proyecto de ley fue aprobado por la legislatura. Ambas mujeres han enfatizado que la medida es importante como salvaguarda en caso de que se debiliten las protecciones federales sobre anticoncepción.
Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara las protecciones federales sobre el aborto en 2022, el juez Clarence Thomas expresó interés en revisar casos que protegen el derecho a la anticoncepción. En respuesta, algunos estados han tomado medidas para establecer sus propias protecciones, similares a las que buscan los legisladores de Virginia.
Tras la aprobación de ambos proyectos de ley centrados en el acceso a la atención médica por la legislatura, Spanberger tiene hasta el 13 de abril para firmarlos, proponer enmiendas o vetarlos. Si se presentan enmiendas, los legisladores se reunirán nuevamente los días 22 y 23 de abril para considerar los cambios y finalizar el presupuesto estatal.
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