Esta historia fue publicada originalmente por Lauren Leamanczyk y Kelly Dietz para KARE11, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: ChatGPT
Por Lauren Leamanczyk y Kelly Dietz
Minneapolis, Minnesota.— Las peticiones que alegan que inmigrantes han sido detenidos sin una audiencia de fianza ni el debido proceso se han disparado en Minnesota durante la Operación Metro Surge.
KARE 11 comenzó a rastrear las peticiones de hábeas corpus relacionadas con casos de inmigración a finales de octubre. No se presentó ninguna hasta el 15 de diciembre.
Desde entonces, se han presentado 476 peticiones. En enero, se presentaron entre 20 y 30 peticiones diarias.
Los abogados que representan a inmigrantes detenidos afirman que esa cifra es solo una fracción de las que se podrían presentar.
“Lo que ha cambiado es la cantidad sin precedentes de arrestos ilegales de nuestros vecinos. Y debido a esos arrestos de nuestros vecinos”, dijo el abogado Brian Clark, quien ha presentado docenas de peticiones. “Las hemos estado presentando día y noche”.
En un caso de hábeas corpus, el juez presidente del Tribunal de Distrito de EEUU en Minnesota, Patrick J. Schiltz, ordenó al jefe de operaciones del ICE, Todd Lyons, comparecer ante el tribunal para responder por la “detención ilegal de numerosos detenidos por parte del ICE”.
Kira Kelley, otra abogada que representa a inmigrantes en casos de hábeas corpus, afirma que estos tienen un éxito abrumador.
“La gran mayoría de estos casos se están aprobando”, dijo Kelley. “Los jueces aquí son muy claros sobre la ley y el Departamento de Seguridad Nacional está actuando en contra de ella al detener a personas sin orden judicial y sin la oportunidad de una audiencia de fianza”.
Cuando los casos tienen éxito, los detenidos suelen ser liberados. En otras ocasiones, se les concede una audiencia de fianza.
El problema surge cuando los detenidos son enviados a Texas u otros estados antes de que se pueda presentar una petición de hábeas corpus. Esto sucede a las pocas horas de la detención.
El gobierno tiene amplia libertad para detener a personas con órdenes de deportación definitivas, condenadas por ciertos delitos y recién llegadas a Estados Unidos.
Pero Clark y Kelley afirman que sus clientes suelen llevar más de una década en el país y no tienen órdenes de deportación ni antecedentes penales. Algunos tienen solicitudes de asilo pendientes.
“Muchos de mis clientes tienen permisos de trabajo. El gobierno les ha dicho que tienen autorización para trabajar en Estados Unidos. Y de repente, ya no los quieren aquí y dicen que hemos encontrado un nuevo pretexto para detenerlos y enviarlos a Texas”.
