Por Paolo Fernández
Las medidas que la administración de Donald Trump está aplicando contra los inmigrantes —y especialmente en un estado como Minnesota, donde el invierno siempre nos pone a prueba— van a dejar marcas que no se borran más. Diciembre de 2025 nos encuentra viviendo algo que nunca pensamos ver: un miedo constante que atraviesa cada rincón de la vida diaria.
Más allá de lo que pase con quienes terminen siendo deportados por no poder demostrar nacimiento en EEUU o por no tener un estatus migratorio vigente, el impacto emocional, social y económico alcanza a todos, incluso a quienes tienen residencia legal o llegaron aquí como refugiados. Porque hoy ni ellos se sienten completamente seguros. La narrativa, las redadas, el clima de persecución… todo eso hace que personas con documentos válidos también teman salir, manejar, ir al médico, participar en la escuela o simplemente hacer su vida en paz.
En este contexto, el ICE se convierte en una pandemia que la padeceremos todos.
Una presencia que no distingue entre estatus, que paraliza barrios enteros, que cambia rutinas familiares, que apaga negocios y que erosiona un tejido comunitario que costó décadas construir.
Esa pandemia del miedo tiene efectos reales: aumentan los casos de violencia doméstica, se disparan las crisis de ansiedad y depresión, y miles de personas —incluidas familias residentes y refugiadas— están dejando de asistir a citas médicas, reuniones escolares o trámites esenciales por temor a quedar expuestas.
La economía local —esa que en Minnesota depende profundamente del trabajo inmigrante— va a recibir un golpe brutal.
Los negocios sufrirán horrores para cumplir con los alquileres. Cuando la comunidad vive con miedo, el consumo se desploma. Las ventas bajan, pero la renta, la luz, los seguros y los proveedores siguen llegando igual.
Los bancos sentirán la presión de hipotecas y car payments que no se podrán pagar.
Los propietarios perderán ingresos.
Los mercados, restaurantes y servicios verán caer su actividad a la mitad.
Y como consecuencia directa, las personas de staff de esos mismos negocios ya no podrán trabajar sus 40 horas semanales. No porque no quieran, sino porque ya no habrá suficiente trabajo para justificar un turno completo. Veremos recortes de horas, semanas partidas, contratos suspendidos… y familias que dependen de cada dólar quedarán aún más vulnerables.
Y en el corazón de todo este caos está nuestra comunidad hispana. Porque la verdad es simple y dolorosa:
a los hispanos nos partirá por el medio.
Somos una de las comunidades con mayor presencia laboral, mayor aporte económico, mayor participación familiar… y también una de las más expuestas, visibles y vulnerables ante estas políticas. El golpe no será simbólico: será directo, profundo y desigual.
Los programas de deportes para niños y adultos —que deberían ser lugares de integración, salud y comunidad— también empezarán a sentir el vacío.
Las canchas se quedarán sin equipos.
Los entrenadores sin alumnos.
Los clubes sin cuotas.
Y cientos de niños, incluidos hijos de refugiados, residentes e indocumentados, perderán uno de los pocos espacios donde podían ser simplemente niños.
Nuestra comunidad —que logró un progreso impresionante basado en familias fuertes, trabajadores incansables y personas que nunca dejaron de pelearla— hoy está siendo empujada a una realidad dura, injusta y que parece interminable.
Y al final, cuando miramos alrededor, cuando vemos el miedo creciendo y la esperanza encogiéndose, surge una pregunta inevitable:
¿Quién nos defenderá?
¿Quién saldrá al frente para velar por nosotros cuando más lo necesitamos?
Y detrás de esas preguntas, una aún más inquietante:
¿Cuál será nuestro plan B?
¿Tendremos alguno?
Porque esta vez, lo que está en juego es demasiado grande. No alcanza con aguantar. No alcanza con la buena voluntad. Y mientras nadie tome el frente, mientras nadie levante la voz por nosotros, la incertidumbre seguirá golpeando a cada familia, cada negocio y cada corazón de nuestra comunidad.
