Artículo originalmente publicado por Jennnifer Shutt para Minnesota Reformer, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Gage Skidmore/Wikimedia
Washington, D.C.— El Departamento de Defensa anunció el lunes en redes sociales que investiga “graves acusaciones de mala conducta” contra el senador demócrata de Arizona, Mark Kelly, uno de los varios legisladores que publicaron un video la semana pasada en el que les decían a los militares que no están obligados a seguir órdenes que violan la ley.
El video provocó la ira del presidente Donald Trump, quien publicó, también en redes sociales, que creía que la declaración de seis legisladores demócratas representaba “COMPORTAMIENTO SEDICICIO, ¡castigable con la MUERTE!”.
La afirmación generó preocupaciones sobre la seguridad en el Capitolio, especialmente después de un año que incluyó numerosos actos de violencia contra legisladores y figuras políticas clave.
El anuncio del Departamento de Defensa no detalló exactamente cómo Kelly pudo haber violado el Código Uniforme de Justicia Militar, pero afirmó que “se ha iniciado una revisión exhaustiva de estas acusaciones para determinar medidas adicionales, que podrían incluir el llamado al servicio activo para un juicio militar o medidas administrativas”.
No estaba claro cómo la revisión militar y la amenaza de juicio militar encajarían con las protecciones constitucionales que tienen los miembros del Congreso para la libertad de expresión y debate.
Kelly escribió en un comunicado que la publicación del Departamento de Defensa era la primera vez que se enteraba de la investigación.
“Si esto pretende intimidarme a mí y a otros miembros del Congreso para que no hagamos nuestro trabajo y exijamos responsabilidades a esta administración, no funcionará”, escribió Kelly. “He dado demasiado a este país como para que me silencien abusadores que se preocupan más por su propio poder que por proteger la Constitución”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Kelly y los demás senadores que aparecen en el video fomentaban “el desorden y el caos en las filas”.
“Ninguno de ellos… puede señalar una sola orden ilegal que esta administración haya emitido porque no existe”, declaró Leavitt. “Sabían lo que hacían en este video y el senador Mark Kelly y todos ellos deben rendir cuentas por ello”.
Antecedentes militares de Kelly
Kelly sirvió como aviador en la Armada de los Estados Unidos de 1987 a 2012. Participó en la Operación Tormenta del Desierto durante la primera Guerra del Golfo. Recibió varias condecoraciones a lo largo de su carrera militar, incluyendo la Legión al Mérito y la Cruz de Vuelo Distinguido.
Kelly alcanzó el rango de capitán antes de retirarse del servicio militar.
Kelly, quien también fue astronauta de la NASA, fue elegido por primera vez para el Senado de los Estados Unidos en noviembre de 2020.
La publicación del Departamento de Defensa que anunciaba una investigación sobre Kelly indicaba que los oficiales militares querían recordar a la población que “los militares retirados siguen sujetos al UCMJ por los delitos aplicables, y las leyes federales, como el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 2387, prohíben las acciones destinadas a interferir con la lealtad, la moral, el buen orden y la disciplina de las fuerzas armadas”.
La declaración agregó que todos los miembros del servicio militar “tienen la obligación legal, bajo el UCMJ, de obedecer las órdenes legítimas, y que estas se presumen legítimas. La filosofía personal de un miembro del servicio militar no justifica ni excusa la desobediencia de una orden legítima”.
La declaración parecía similar a la que Kelly, la senadora de Michigan Elissa Slotkin, el representante de Colorado Jason Crow, los representantes de Pensilvania Chris Deluzio y Chrissy Houlahan, y la representante de New Hampshire Maggie Goodlander dieron en el video publicado el 18 de noviembre.
Los demócratas, quienes sirvieron en las fuerzas armadas o trabajaron en agencias de inteligencia, dijeron que querían “hablar directamente con los miembros de las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia que se arriesgan cada día para mantener a los estadounidenses seguros”.
Dijeron que los estadounidenses en esas instituciones “pueden” y “deben rechazar órdenes ilegales”.
“Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución. Sabemos que esto es difícil y que es un momento difícil para ser un servidor público”, dijeron. “Pero ya sea que prestes servicio en la CIA, en el Ejército, en la Marina o en la Fuerza Aérea, tu vigilancia es fundamental”.
Amplias protecciones constitucionales para el Congreso
Los miembros del Congreso gozan de amplia protección bajo la cláusula de libertad de expresión y debate de la Constitución de los Estados Unidos. Esta cláusula establece que, a menos que un legislador esté involucrado en un delito grave de traición, delito grave o alteración del orden público, tiene “privilegio de no ser arrestado durante su asistencia a las sesiones de sus respectivas Cámaras, así como al entrar y salir de ellas; y por cualquier discurso o debate en cualquiera de las Cámaras, no será interrogado en ningún otro lugar”.
La explicación anotada de la cláusula en el sitio web oficial del Congreso indica que la Corte Suprema ha interpretado su aplicación de manera “amplia” a lo largo de los años para garantizar la independencia del poder legislativo.
“A pesar de la incertidumbre marginal, está bien establecido que la Cláusula sirve para garantizar la independencia de la legislatura federal al otorgar a los miembros del Congreso y a sus asesores inmunidad frente a procesos penales o demandas civiles derivadas de actos realizados dentro del ámbito legislativo”, afirma. Como lo describe sucintamente el Tribunal, la inmunidad de responsabilidad que establece la Cláusula se aplica “incluso si su conducta, de realizarse en contextos distintos al legislativo, fuera en sí misma inconstitucional o contraria a las leyes penales o civiles”. Este principio general de inmunidad constituye el núcleo de las protecciones que ofrece la Cláusula.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso, una entidad no partidista, afirma que el principio de inmunidad del poder judicial protege a los miembros de la “intimidación por parte del ejecutivo” o de un “poder judicial hostil”, al prohibir que tanto el poder ejecutivo como el judicial se utilicen para influir o acosar indebidamente a los legisladores.
Créditos: Con información de Jaennifer Shutt para Minnesota Reformer, una organización de noticias independiente y sin fines de lucro dedicada a mantener informados a los habitantes de Minnesota y a descubrir historias que otros medios no pueden o no quieren contar. Nota original en inglés y traducida al español por Julio Valdez.
