Por Julio Valdez
Estados Unidos atraviesa uno de esos momentos que no se explican solo con cifras o comunicados oficiales, sino con emociones: miedo, rabia, desconfianza y una profunda sensación de fractura social. Los recientes hechos ocurridos en Minnesota —donde Renee Nicole Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses, murieron durante operativos de control migratorio— han encendido una alarma nacional que va más allá del tema migratorio y toca el corazón mismo del Estado de derecho.
Lo sucedido ha provocado protestas, pronunciamientos de líderes políticos, reclamos de organizaciones civiles y una pregunta que resuena con fuerza en calles y hogares: ¿hasta dónde puede llegar el poder del Estado en nombre de la seguridad?
Minnesota: el detonante
Las operaciones migratorias federales intensificadas se dieron con fiereza en Los Angeles, Chicago y otras ciudades del país, pero en Minneapolis y otras zonas del estado derivaron en enfrentamientos que terminaron con la muerte de ciudadanos estadounidenses que no eran el objetivo principal de los operativos. Estos hechos, confirmados por autoridades y documentados por testigos, marcaron un antes y un después.
Para muchos, Minnesota se convirtió en el símbolo de una política que, en su ejecución, ha rebasado límites éticos y legales. Para otros, es la consecuencia inevitable de una aplicación estricta de la ley en un contexto de alta tensión social.
Como un amigo me hizo notar a modo de broma, nadie hubiera imaginado que la revolución hubiera iniciado en Minneapolis, solamente Prince.
El sentimiento en la comunidad inmigrante: miedo e indignación
Entre la comunidad inmigrante —documentada e indocumentada— el sentimiento dominante es el temor. Temor a las redadas, a los errores, a la criminalización automática y a que cualquier encuentro con autoridades pueda terminar en tragedia.
A ese miedo se suma la indignación. Para muchos activistas y líderes comunitarios, lo ocurrido confirma una narrativa que llevan años denunciando: un sistema migratorio que prioriza la fuerza por encima de la dignidad humana, y que impacta de forma desproporcionada a comunidades latinas, afroamericanas y de otras minorías.
Todo ello ha convertido algunas áreas de las Ciudades Gemelas en zonas desoladas, sin vida, silenciosas. Las calles ya no se llenan de conversaciones en diversos idiomas, llenas de risas y de historias. Los centros comerciales lucen vacíos, sin clientes ni empleados, con las cajas registradoras mudas, acumulando polvo. No hay negocio, nadie sale a las calles, hay miedo.
Otras minorías: solidaridad y memoria histórica
Las reacciones no se han limitado a la comunidad inmigrante latina. Diversas minorías raciales han expresado solidaridad, reconociendo patrones que les resultan familiares: uso excesivo de la fuerza, perfiles raciales y falta de rendición de cuentas.
Para estas comunidades, lo ocurrido en Minnesota no es un hecho aislado, sino parte de una historia más amplia de abusos institucionales. Las protestas han unido causas: migración, derechos civiles y justicia racial, creando un frente común que exige cambios estructurales.
Hay un elemento clave que profundiza la gravedad de lo ocurrido y que no puede quedar al margen del análisis: la comunidad somalí, una de las diásporas más grandes y visibles del país, históricamente asentada en Minneapolis–St. Paul.
En pasadas semanas, líderes comunitarios somalíes, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han denunciado operativos federales concentrados en vecindarios específicos, interrogatorios selectivos, vigilancia reforzada y un clima de hostigamiento que, en la práctica, ha afectado a familias enteras sin antecedentes criminales. Para muchos miembros de esta comunidad —en su mayoría ciudadanos estadounidenses o residentes legales— el mensaje percibido es claro: ser visible, musulmán y negro los convierte en sospechosos permanentes.
Este enfoque ha reabierto heridas profundas. Minnesota ya conoce las consecuencias de políticas de seguridad que se aplican sin sensibilidad cultural ni controles claros. Para la comunidad somalí, las acciones recientes no solo representan un problema migratorio, sino una continuación de la criminalización institucional, ahora legitimada bajo el discurso del control migratorio.
La respuesta del gobierno, al no distinguir con claridad entre migración irregular, ciudadanía y pertenencia comunitaria, ha provocado un efecto contrario al prometido: erosión de la confianza, retraimiento social y mayor aislamiento de una comunidad que ha sido clave en la vida económica, cultural y política del estado.
Este punto refuerza la crítica central del momento que vive Estados Unidos: cuando la política migratoria se ejecuta sin límites claros, termina convirtiéndose en una política de exclusión racial y religiosa, incluso contra sus propios ciudadanos.
La ciudadanía estadounidense: un país profundamente dividido
En la opinión pública general, el país muestra una polarización clara. Por un lado, una parte significativa de la población desaprueba la manera en que se están llevando a cabo los operativos migratorios, cuestiona la actuación de las agencias federales y exige investigaciones independientes y reformas profundas.
Por otro lado, existe un sector que respalda una política migratoria dura, considera necesarias las acciones del gobierno y defiende a las agencias de seguridad como herramientas legítimas para mantener el orden y controlar la inmigración irregular.
Este choque de visiones refleja una división más amplia sobre qué significa seguridad, justicia y legalidad en los Estados Unidos actual, pero que me hace recordar que muchos de ellos, hace poco más de un año, votaron por quien ha originado todo ese clima de división. Muchos de ellos lo eligieron y solo algunos pocos de ellos me han dicho, en voz muy baja… “me equivoqué”.
El debate político: entre la ley y la legitimidad
El manejo de la política migratoria se ha convertido en uno de los temas más explosivos del escenario político.
Desde el gobierno federal, se insiste en que los operativos responden a la aplicación de la ley y a la necesidad de mantener control migratorio.
Desde líderes locales y legisladores opositores, se denuncia la falta de supervisión, el uso desproporcionado de la fuerza y la ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas.
Minnesota ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: aplicar la ley no siempre equivale a ejercer justicia.
¿Hay salidas? Las soluciones en discusión
Entre expertos, organizaciones civiles y sectores políticos comienzan a delinearse posibles caminos.
Es necesario crear una reforma migratoria integral, que vaya más allá de operativos y aborde regularización, procesos legales claros y protección de derechos humanos.
Establecer límites estrictos al uso de la fuerza, con protocolos revisados y capacitación obligatoria para agentes federales.
Investigaciones independientes y transparentes deben ser canalizados a entidades permanentes para atender casos donde civiles pierdan la vida durante operativos.
Establecer una coordinación con autoridades locales y comunidades, para evitar acciones masivas que escalen en violencia.
Ninguna solución es inmediata, pero el consenso creciente es que el modelo actual está agotado.
Conclusión: un país ante su propia contradicción
Lo ocurrido en Minnesota no es solo una crisis migratoria: es una crisis de confianza. Estados Unidos se enfrenta a una contradicción central entre su discurso histórico de libertades y la realidad de prácticas que hoy generan miedo dentro de sus propias comunidades, y que pone a su mandatario bajo la mira mundial, nada complacida con sus desiciones.
La forma en que el país responda a este momento definirá no solo el futuro de su política migratoria, sino también la credibilidad de sus instituciones y el tipo de nación que aspira a ser en el siglo XXI.
