Esta historia fue publicada originalmente por Jonathan Shorman para Stateline, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Nicole Neri/Minnesota Reformer
Por Jonathan Shorman
Varios estados demócratas están tomando medidas para prohibir la presencia de agentes federales de inmigración cerca de los centros de votación y otros sitios electorales, ante la persistente preocupación de que el presidente Donald Trump utilice a las fuerzas del orden federales o al ejército para perturbar las elecciones de mitad de período.
Según un recuento de Stateline, en más de media docena de estados se han propuesto medidas para restringir la operación de agentes federales en o cerca de lugares relacionados con las elecciones. Si bien las propuestas varían, en general buscan combatir la posibilidad de enfrentamientos caóticos entre agentes federales y votantes este noviembre.
Una ley federal que data del final de la Guerra Civil ya prohíbe el envío de militares u otros “hombres armados” a los centros de votación, excepto para repeler a enemigos armados de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos también otorga a los estados —no al presidente ni al gobierno federal— la responsabilidad de organizar las elecciones.
Pero los llamados de Trump a nacionalizar las elecciones, su promesa de imponer restricciones al voto con o sin el Congreso y su historial de esfuerzos para revocar las elecciones presidenciales de 2020 están impulsando a algunos legisladores estatales demócratas a actuar. A los temores de los legisladores se suma la incautación en enero por parte del FBI de papeletas electorales de 2020 en el condado de Fulton, Georgia, y las demandas del Departamento de Justicia de EEUU contra docenas de estados por copias de sus padrones electorales que incluyen información personal confidencial.
El partido del presidente suele perder terreno en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato. Por ello, los demócratas temen que Trump esté sentando las bases para bloquear o sembrar dudas sobre un resultado perdedor.
“Cuando el presidente dice que va a infringir la ley, le creo de verdad”, declaró el senador estatal de California, Tom Umberg, demócrata que ha presentado una legislación que prohibiría la aplicación de las leyes federales de inmigración a menos de 60 metros de los centros de votación. Umberg afirmó que el llamado de Trump a “nacionalizar” las elecciones fue el “detonante” que lo impulsó a presentar el proyecto de ley.
Se han propuesto o anunciado leyes para restringir la aplicación de la ley migratoria o la presencia de fuerzas federales cerca de los centros de votación y otros sitios electorales en California, Connecticut, Nuevo México, Pensilvania, Rhode Island, Virginia y Washington. También se ha presentado un proyecto de ley en Kansas, cuyo gobernador es demócrata, pero es poco probable que la medida se apruebe en la legislatura controlada por los republicanos.
Los proyectos de ley se centran en la aplicación de la ley migratoria, pero la legislación de Nuevo México iría más allá, prohibiendo la presencia de militares o personal federal armado en los centros de votación.
El gobierno de Trump y sus partidarios han sugerido que el presidente podría ordenar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) acudir a las urnas. Después de que el exasesor de Trump, Steve Bannon, anunciara a principios de febrero que el ICE rodearía los centros de votación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karolina Leavitt, afirmó que no podía garantizar que un agente del ICE no estuviera cerca de un centro de votación.
Los aliados de Trump también han circulado un borrador de orden ejecutiva que Trump podría firmar declarando una emergencia nacional e intentando ejercer amplios poderes sobre las elecciones, según informó The Washington Post la semana pasada. Trump declaró a la prensa el viernes que nunca había oído hablar del borrador de la orden.
Sin embargo, durante una conferencia telefónica la semana pasada con funcionarios electorales de todo el país, el Departamento de Seguridad Nacional se comprometió a no desplegar agentes del ICE en ningún centro de votación en 2026, según los secretarios de estado republicanos y demócratas que participaron en la llamada.
El Departamento de Seguridad Nacional informó a Stateline en un comunicado que el ICE no está planeando operaciones dirigidas a los centros de votación, pero que podría arrestar a personas si una amenaza activa a la seguridad pública pusiera en peligro un centro de votación.
“No hay razón para que nos desplieguemos en un centro de votación”, declaró el actual líder de ICE, Todd Lyons, al Congreso en febrero.
Los legisladores estatales demócratas que piden restricciones electorales para ICE en la ley estatal afirman que no quieren correr ningún riesgo.
“Creo que esta es simplemente una política prudente y sensata para hacer lo que todos sabemos que es correcto, que es proteger los centros de votación”, declaró la delegada estatal demócrata de Virginia, Katrina Callsen, principal impulsora de un proyecto de ley que prohibiría la aplicación de la ley federal de inmigración civil a menos de 12 metros de los centros de votación y de recuento de votos.
La legislatura de Nuevo México aprobó en febrero una medida que refleja en gran medida las restricciones de la ley federal contra el personal federal armado en los centros de votación. El proyecto de ley se encuentra ahora ante la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham.
El proyecto de ley establece que, en general, los funcionarios no pueden ordenar ni llevar tropas u otros agentes federales armados a los centros de votación ni a las áreas de estacionamiento de los centros de votación a partir de 28 días antes del día de las elecciones, cuando comienza la votación anticipada en persona. También prohibiría a los funcionarios cambiar quiénes están habilitados para votar en contravención de la ley de Nuevo México o imponer normas electorales que entren en conflicto con la ley estatal. Quienes incumplan esta norma serían culpables de un delito grave.
Los legisladores de Nuevo México presentaron la legislación al día siguiente de las declaraciones iniciales de Trump sobre su deseo de nacionalizar las elecciones. La senadora estatal demócrata de Nuevo México, Katy Duhigg, principal promotora del proyecto de ley, afirmó que buscaba una medida que no entrara en conflicto con la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que la ley federal prevalece sobre la estatal.
“Creo que muchos estados, francamente, están tratando de determinar qué hacer ahora mismo”, declaró Duhigg, y añadió que probablemente se solicitará a los tribunales que analicen nuevos límites estatales a las fuerzas federales. “Este parece un enfoque razonable”.
Legisladores republicanos se opusieron
Algunos legisladores estatales republicanos desestiman las medidas demócratas, considerándolas innecesarias.
“Simplemente no puedo imaginar al presidente, por mucho que les disguste, ordenando a las tropas federales que se apoderen de las elecciones de Nuevo México por la fuerza”, declaró durante el debate el senador estatal republicano de Nuevo México, William Sharer, líder de la minoría. Sharer no respondió a una solicitud de entrevista de Stateline.
En el estado de Washington, un proyecto de ley exigiría a los funcionarios electorales locales impedir el acceso a las zonas donde se procesan o cuentan las papeletas para fines de control migratorio. Sin embargo, se podría permitir el acceso a las fuerzas del orden con una orden judicial o judicial.
El representante estatal de Washington, Jim Walsh, republicano y presidente del partido estatal, calificó la propuesta de “infundir miedo” y de buscar soluciones a un problema, a menos que sus partidarios reconozcan que las personas que residen sin autorización en el país están votando. Y afirma que Washington no tiene la autoridad para prohibir legalmente el acceso del ICE a las zonas de una oficina electoral.
El senador estatal demócrata de Washington, Drew Hansen, principal promotor del proyecto de ley, afirmó que los trabajadores electorales que cuentan las papeletas merecen poder realizar su labor sin la interferencia de las autoridades federales de inmigración. Hansen señaló que el ICE “no tiene un historial impecable, como mínimo, de detener únicamente a extranjeros extremadamente peligrosos y violentos”.
Más de 170 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por agentes de inmigración durante el segundo mandato de Trump, según informó ProPublica en octubre. Un informe de diciembre elaborado por demócratas sobre el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EEUU identificó al menos a siete ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos durante más de 24 horas.
En Arizona, algunos republicanos quieren fomentar la presencia del ICE en los centros de votación. En febrero, el senador estatal republicano Jake Hoffman presentó un proyecto de ley que exigiría a los condados firmar un acuerdo con el ICE para proporcionar presencia policial federal en los centros de votación.
Hoffman no respondió a una solicitud de entrevista de Stateline. Una audiencia del comité programada para tratar la medida se canceló en febrero, lo que probablemente desestimó el proyecto de ley. Aun así, la propuesta subyacente podría ser retomada, según informó el Arizona Mirror.
“Los arizonenses merecen saber que las leyes electorales no solo están escritas en los estatutos, sino que se aplican en la práctica”, declaró Hoffman en un comunicado de prensa.
Las leyes federales vigentes contra la interferencia en las elecciones federales son específicas y directas, afirmó Sean Morales-Doyle, director del programa de Derecho al Voto y Elecciones del Centro Brennan para la Justicia, de tendencia izquierdista, de la Universidad de Nueva York. Estados como Arizona tampoco tienen vía libre para violar la ley federal, añadió.
Existen opciones para exigir responsabilidades a las personas bajo la ley federal, afirmó Morales-Doyle. Si se desplegaran agentes del ICE en los centros de votación, los fiscales federales tendrían cinco años para presentar cargos contra el personal del ICE, según el plazo de prescripción. Si bien es poco probable que el Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, presente cargos, señaló, el plazo se extiende hasta la próxima administración presidencial.
Aun así, Morales-Doyle afirmó que comprende el escepticismo de la gente, dado el comportamiento del ICE y otros elementos de la administración Trump.
“Por lo tanto, creo que es importante reflexionar sobre los mecanismos legales estatales existentes para exigir responsabilidades a las personas”, concluyó.
Aplicación local
Algunas de las propuestas legislativas estatales colocarían a los trabajadores electorales locales en la primera línea de resistencia a la interferencia federal.
La medida del estado de Washington instruiría a varios trabajadores electorales, cuando sea posible, a documentar los incidentes en los que nieguen el permiso para entrar en zonas prohibidas para las autoridades migratorias. El proyecto de ley de Nuevo México permitiría a los secretarios de condado y a los votantes que sufrieron intimidación demandar por presuntas infracciones, además de a los funcionarios estatales.
La legislación de California es quizás la que más empodera a los funcionarios electorales locales. Permitiría a los funcionarios electorales de los condados mantener abiertos los centros de votación si determinan que la votación se interrumpió debido a infracciones a una prohibición de las autoridades migratorias federales en las cercanías.
Algunos funcionarios electorales locales parecen reticentes a discutir las propuestas y si se están preparando para la posible interferencia federal. El presidente de la Asociación de Secretarios de Condado y Funcionarios Electos de California y el presidente de los secretarios de los Condados de Nuevo México, un grupo estatal de defensa de los funcionarios de los condados, no respondieron a las solicitudes de entrevistas. La Asociación de Auditores de Condados del Estado de Washington declinó hacer comentarios.
En términos más generales, otros funcionarios electorales han afirmado que la posibilidad de interferencia federal influye en sus preparativos para las elecciones intermedias. Scott McDonell, secretario demócrata del condado de Dane, Wisconsin, que incluye Madison, declaró a Stateline en febrero que, si bien el deseo de Trump de “nacionalizar” las elecciones es inadmisible según la Constitución, está prestando atención a las agencias que le rinden cuentas.
“¿Qué controla realmente el presidente? El FBI, la Guardia Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Departamento de Justicia en general. Eso es mucho más preocupante”, dijo McDonell. (Las guardias nacionales estatales pueden ser federalizadas por el presidente).
Barbara Richardson Crouch, la registradora republicana de votantes de la ciudad de Sprague, Connecticut, dijo que prefiere que no haya policías en los centros de votación, ya sean locales, estatales o federales.
En Connecticut, los legisladores planean proponer una medida para restringir la aplicación de las leyes federales de inmigración a menos de 76 metros de un centro de votación u otro sitio electoral. Crouch, quien ha estado involucrada en la administración electoral durante casi dos décadas, dijo que ha lidiado durante mucho tiempo con las preocupaciones sobre la aplicación de las leyes en los centros de votación, pero que esos temores en el pasado se centraban en la policía estatal y local.
Crouch dijo que un policía estatal suele pasar por su centro de votación temprano en la mañana mientras los trabajadores electorales se preparan, y luego de nuevo al cierre de las urnas. Las fuerzas del orden están de guardia, pero Crouch dijo que cree que si alguien las ve, transmite el mensaje de que la zona no es segura.
“Personalmente, nunca me ha gustado la presencia de policías en los centros electorales, ni siquiera la policía local”, dijo Crouch.
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