Esta historia fue publicada originalmente por Liv Veazey para New York Focus, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Oficina de Kathy Hochul/New York Focus
Por Liv Veazey
“NO PERMITIREMOS el uso de recursos estatales para apoyar las redadas federales de inmigración”, declaró la gobernadora Kathy Hochul a mitad de su discurso sobre el Estado del Estado de 2026, provocando dos ovaciones consecutivas en un auditorio de legisladores.
Su declaración se produjo después de que condenara el tiroteo fatal de Renee Good a manos de un agente de inmigración en Minneapolis la semana pasada, describiéndolo como una operación de inmigración “que nunca debió haber existido”. Poco después del discurso de Hochul, el presidente Donald Trump anunció sus planes de recortar la financiación federal a las que considera jurisdicciones santuario, incluido el estado de Nueva York.
Defensores y algunos legisladores aplaudieron la prohibición de destinar recursos estatales a la aplicación de la ley federal de inmigración, pero afirmaron que la propuesta de Hochul —que impone restricciones al uso de fondos estatales, pero no necesariamente restringiría que las agencias locales utilicen sus propios fondos para colaborar con las operaciones federales— apenas reforzaría las restricciones existentes.
Jackie Bray, comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia de Nueva York, declaró a New York Focus que la política no prohibiría a las fuerzas del orden locales colaborar con agentes federales simplemente porque reciben fondos estatales, sino que les prohibiría destinar parte de sus fondos estatales a la aplicación de la ley migratoria federal. “Se trata de fuentes de financiación”, declaró Bray, encargada de diseñar la estrategia de respuesta de Nueva York ante el posible despliegue de agentes federales y tropas de la Guardia Nacional.
Hochul guardó silencio sobre la principal prioridad de los defensores de la inmigración: la Ley Nueva York para Todos, un amplio proyecto de ley santuario que prohibiría a las fuerzas del orden locales colaborar con ICE. El proyecto de ley cobró impulso en la legislatura la semana pasada tras el apoyo expreso de la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, y en medio de la indignación pública por el tiroteo de Minneapolis. La legislación también prohibiría a las agencias policiales estatales y locales compartir datos confidenciales o utilizar fondos estatales o locales para apoyar las iniciativas federales de aplicación de la ley migratoria. Invalidaría más de una docena de acuerdos 287(g) en todo el estado que actualmente delegan a agentes policiales locales para ayudar con la aplicación de las leyes de inmigración federales.
Linda Flor Brito, organizadora principal de políticas y campañas del Proyecto de Defensa del Inmigrante, escribió en un comunicado: “La gobernadora promocionó órdenes ejecutivas obsoletas, de alcance limitado y lamentablemente rezagadas respecto de las protecciones del debido proceso que la mayoría de los demás estados demócratas ya han adoptado”, refiriéndose a las leyes santuario estatales en California, Washington, Oregón y otros.
La agenda de Hochul incluía una política que protegería ciertos “lugares sensibles”, como lugares de culto, escuelas y hospitales, de la aplicación de las leyes migratorias civiles. Estas protecciones existían a nivel federal y fueron derogadas por la administración Trump en enero de 2025.
Hochul también propuso una política que permitiría a los neoyorquinos interponer demandas civiles a nivel estatal contra agentes federales por violar sus derechos constitucionales. Bray afirmó que anticipaba que Trump impugnaría esas demandas civiles, pero añadió: “Llevamos meses demandando a la administración Trump y, francamente, ganando”. (El senador estatal Zellnor Myrie patrocina una legislación similar).
Al ser presionada sobre por qué la gobernadora no se pronunció a favor de Nueva York para Todos, Bray expresó su preocupación por la extralimitación del estado.
“Vamos a conversar sobre cómo proteger mejor a nuestros inmigrantes neoyorquinos y, al mismo tiempo, respetar el control local y el derecho de las agencias locales a controlar lo que hacen en sus comunidades”, declaró.
Hochul tampoco expresó su apoyo a la Ley de Dignidad, No Detención, otra importante prioridad legislativa para los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, que prohibiría a las entidades estatales y locales operar centros de detención migratoria o firmar contratos de detención migratoria. Tampoco respaldó un paquete de leyes que financiaría la implementación del derecho a un abogado en los tribunales de inmigración.
New York Focus es una sala de prensa independiente y sin fines de lucro que cubre la política estatal y local en el Empire State. Nuestro objetivo es promover la transparencia del gobierno mediante la publicación de periodismo a fondo que explica cómo funciona realmente el estado.
