Esta historia fue publicada originalmente por Katherine Dailey para Michigan Advance, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Michigan Advance
Por Katherine Dailey
Los electores republicanos suplentes de Michigan para Donald Trump en 2020, acusados de fraude e intento de ayudar a la campaña de Trump a anular los resultados electorales de ese año, anunciaron su intención de demandar a la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, y al Departamento de la Fiscalía General por los cargos de delito grave que se les imputaron.
Según un comunicado de prensa de la Coalición Conservadora de Michigan que anunciaba las demandas, el grupo alega que “las denuncias por delito grave presentadas por Nessel contra cada elector fueron maliciosas y se interpusieron con mala intención”.
El anuncio se produjo días después de que la oficina de Nessel anunciara que no apelaría la decisión de septiembre de 2025 de la jueza Kristen Simmons del Tribunal de Distrito 54-A de Lansing de desestimar los cargos contra los electores.
“Dana Nessel, quien quizás sea la peor abogada de Estados Unidos, fue inteligente al decidir no perder —dos veces— el mismo caso”, declaró en el comunicado de prensa Meshawn Maddock, ex copresidente del Partido Republicano de Michigan y uno de los electores en cuestión. “Dana y sus perseguidores de extrema izquierda deben aprender, quizás por las malas, que su comportamiento legal descontrolado es inaceptable. También confío en que nuestros abogados logren que pague personalmente los millones de dólares en daños y perjuicios que sus horribles y maliciosas acciones causaron”.
En su anuncio de que no apelaría la decisión del tribunal de distrito, Nessel afirmó que dicha decisión “no refleja ningún cambio en mi convicción sobre la culpabilidad de cada acusado por los delitos que se le imputan, ni considero menos urgente que quienes trabajan para socavar nuestras elecciones rindan cuentas”.
Erick Kaardal, abogado del bufete Mohrman, Kaardal & Erickson, con sede en Minneapolis, declaró en el comunicado de prensa que las demandas serán “proseguidas con firmeza”, y añadió que “los funcionarios gubernamentales que instrumentalizan sus cargos contra los ciudadanos con fines políticos deben rendir cuentas ante la ley”.
Al ser consultada sobre la demanda, Kimberly Bush, portavoz del Departamento del Fiscal General, declaró a Michigan Advance que, en su decisión de no apelar el caso, Nessel incluyó un informe exhaustivo de 110 páginas con las acusaciones y las pruebas que las respaldaban contra cada uno de los acusados, así como la jurisprudencia pertinente.
“Estos casos no prosperarán, pero es posible que el proceso arroje más luz sobre la conducta delictiva de los demandantes”, afirmó Bush.
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