Por Max Aub
Miami, Florida.— El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha estado marcado por un patrón inquietante: represalias y amenazas, despidos de funcionarios técnicos o institucionales que no se alineen con las narrativas del trumpismo.
Un caso reciente es el de Erika McEntarfer, comisionada del Buró de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), despedida el 1 de agosto, horas después de publicar el informe de empleo de julio, que reveló una creación de empleos mucho más débil de la estimada y revisiones a la baja en meses anteriores.
El informe de julio no fue particularmente catastrófico; “mostró un crecimiento moderado, menor al esperado por los analistas; y con ciertos ajustes a la baja en los reportes de meses anteriores”, señaló el economista Iván Jiménez. Sin embargo, fue suficiente para enfurecer al presidente, quien no sólo acusó sin pruebas a McEntarfer de haber “manipulado las cifras” para perjudicarlo, sino que ahora culpa, con datos de dudosa procedencia, a la administración de su antecesor, Joe Biden, de haber “sobreestimado” deliberadamente los empleos creados en su gobierno para sacar provecho.
McEntarfer no es el único caso: Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ha sido objeto de ataques públicos feroces desde enero por parte de Trump, por su negativa a bajar las tasas de interés; el mandatario incluso lo llamó “retrasado” e insinuó que podría destituirlo bajo acusaciones de fraude, planteamiento con el que generó alarma entre analistas financieros que advirtieron riesgos para la independencia del banco central y la estabilidad económica. “Es un hombre fuerte y con decisiones firmes [Powell], pero aún con protecciones legales firmes, se ha convertido en un funcionario silenciado por su determinación técnica frente a la narrativa presidencial”, dice Jiménez.
Un episodio paralelo ocurrió a principios de mayo cuando el gobierno destituyó abruptamente a Shira Perlmutter, titular de la Oficina de Derecho de Autor, tras la publicación de un extenso informe sobre los riesgos del uso de obras protegidas por parte de empresas de inteligencia artificial sin compensación. El documento cuestionaba si la práctica de entrenamiento de IA encajaba en el concepto de uso justo o equilibrado. Legisladores como Joe Morelle calificaron el despido como “una toma de poder descarada y sin precedentes” que socavaba la independencia institucional.
En la misma semana, Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso, fue removida dos días después de comparecer ante el Congreso defendiendo la neutralidad institucional y criticando intentos de censura. La legisladora Rosa DeLauro denunció que Trump pretendía llenar la institución con aliados partidarios.
Trump también intentó destituir a Ellen Weintraub, presidenta de la Comisión Federal Electoral (FEC) mediante una carta de despido sin procedimiento congresional, por investigar financiación de campañas y prácticas potencialmente irregulares en torno a su figura. Ella se negó a renunciar, alegando que su cargo está protegido por ley.
El episodio abrió un debate sobre los límites constitucionales del Poder Ejecutivo y la protección de la independencia de organismos electorales clave.
Tratándose de medios, Trump no ha dudado en recurrir a demandas millonarias para ir en contra de aquellos que no dicen lo que sus oídos quieren escuchar, o que desmienten el retrato que su equipo quiere mostrar sobre cómo marcha la administración, o sobre los resultados de los ataques a la infraestructura nuclear iraní.
Este tejido de casos revela que la estrategia de Trump no es sólo purgar aliados de oposición, sino expurgar voces técnicas que puedan presentar datos o argumentos contrarios a su imagen. El mensaje institucional es claro: desafiar un informe, publicar un análisis adverso o defender un principio objetivo puede costarte el cargo, tu reputación o tus privilegios. “Trump ha abierto la puerta a un tipo de gobernanza donde sólo existe aquello que conviene y donde lo que incomoda debe ser editado, maquillado o simplemente eliminado”, señala Jiménez.
Tras el despido de McEntarfer, Paul Schroeder, del Council of Professional Associations on Federal Statistics, fue enfático: “Esto no sólo socava la integridad de las estadísticas económicas federales, sino que también politiza datos que deben permanecer independientes y confiables”.
El senador Don Bacon, republicano de Nebraska, rompió filas con su partido y advirtió que “cuando comienzas a despedir a personas por darte malas noticias, entonces la gente duda en darte malas noticias y luego suceden cosas malas”. A su vez, el representante Robert C. Scott, demócrata por Virginia, aseguró que este tipo de acciones “sirven como advertencia a cualquier futuro funcionario del BLS de que no se atrevan a cometer el error de dar información precisa”.
Los analistas coinciden en que, cuando la estadística deja de ser independiente, se convierte en propaganda; cuando el análisis legal es amenazado, se va la separación de poderes; cuando un científico o economista teme publicar, empieza la corrupción de los registros públicos.
Lily Roberts, del Center for American Progress, advirtió que “Trump está despidiendo al mensajero porque no le gustan las cifras de empleo que reflejan cómo ha dañado la economía… Tomar prestado del manual del autoritarismo sólo genera más incertidumbre”.
“Si las estadísticas laborales se convierten en herramientas políticas, los mercados ya no funcionarán con información fiable. ¿Decisiones de inversión, política monetaria, incluso tasas de interés, guiadas por datos manipulados? Esto no sólo es peligroso, es un sabotaje económico en cámara lenta”, escribió en Facebook David Earl Williams III, demócrata y veterano de la armada naval de Estados Unidos.
Robert Weissman, presidente de Public Citizen, dijo que “los autoritarios siempre intentan controlar el paisaje informativo; si no se detiene esto ahora, la integridad estadística de todo el gobierno estará en riesgo”.
Al atacar una cifra, “Trump ha abierto la puerta a un tipo de gobernanza donde sólo existe aquello que conviene; y donde lo que incomoda debe ser editado, maquillado o simplemente eliminado”, señaló Jiménez.
