Por Óscar Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Fuerzas militares y de seguridad federales y estatales aseguraron y desarticularon 12 aserraderos clandestinos en el municipio de Altamirano, ubicado en la selva de Chiapas.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que se desplegó un operativo para detectar y desarticular la media docena de aserraderos que operaban ilegalmente en aquel municipio enclavado entre bosques y montañas.
La acción militar y policíaca fue realizada mediante sobrevuelos de reconocimiento y vigilancia, patrullajes terrestres en zonas determinadas con el objetivo de localizar y disuadir prácticas al margen de la ley contra los recursos forestales y la biodiversidad.
“Como resultado de ese operativo se logró el aseguramiento de 12 aserraderos clandestinos, los cuales representan una de las acciones más contundentes en la entidad contra el ecocidio y la tala de bosques ilegal”, precisó la dependencia de seguridad estatal.
La secretaría de Seguridad del Pueblo enfatizó que el aseguramiento de los aserraderos “es el más grande en Chiapas”, y evidencia el compromiso institucional firme de combatir frontalmente los delitos ambientales que amenazan los recursos naturales del estado y el bienestar de sus comunidades.
Los operativos contra la tala ilegal refuerzan la presencia institucional en áreas vulnerables dirigidos a establecer un vínculo cercano con las comunidades para fomentar la cultura de la denuncia.
El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, convocó a la ciudadanía a reportar acciones y prácticas que conlleven un riesgo ambiental o de “seguridad integral”.
No cesará el trabajo en estrecha coordinación con los tres niveles de gobierno. “No vamos a permitir ningún tipo de delito ambiental”, afirmó.
Esas acciones, aseguró, se conforman en la estrategia de la política del gobierno de Chiapas comprometida con la protección del medio ambiente como eje fundamental para la paz y el desarrollo sostenible.
En el operativo contra los aserraderos en Altamirano se involucraron la Secretaría de Seguridad del Pueblo, coordinada con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Fiscalía General del Estado.
Participaron, de igual manera, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
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