Artículo originalmente publicado por Katherine Daiey para Michigan Advance, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Katherine Dailey/Michigan Advance
Por Katherine Dailey
La Fiscal General de Michigan, Dana Nessel, ha adoptado una postura firme contra muchas de las políticas de la administración Trump desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero, que abarcan desde la asistencia alimentaria hasta la ciudadanía por nacimiento y el acceso a datos en todos los departamentos federales.
Según el sitio web del Departamento de la Fiscalía General, Nessel ha participado en 40 demandas en 2025 (sin incluir escritos amicus curiae) que demandan al gobierno federal de alguna manera. Aquí presentamos su postura.
ORDEN JUDICIAL A FAVOR DE LOS ESTADOS/ORDEN JUDICIAL PERMANENTE
Desmantelamiento de agencias: Rhode Island, et al. v. Trump, IMLS, et al.
Esta demanda se presentó para impugnar el desmantelamiento de varias agencias federales: el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias, el Servicio Federal de Mediación y Conciliación y el Consejo Interinstitucional de EEUU para las Personas sin Hogar.
En mayo, se otorgó una orden judicial preliminar a los estados, y en noviembre, el tribunal de distrito les concedió un juicio sumario y detuvo permanentemente el desmantelamiento de estas agencias. El Departamento de Justicia de EEUU había presentado una apelación contra la orden judicial preliminar, pero la desestimó voluntariamente cuatro días después de la orden judicial a favor de los estados.
Energía eólica: Nueva York, et al. v. Trump, EEUU, Departamento del Interior, et al.
Esta demanda impugnó las políticas del Departamento del Interior de EEUU que detendrían proyectos destinados a desarrollar energía eólica en todo el país, incluidas las aprobaciones federales para dichos proyectos.
Los estados ganaron su caso el 8 de diciembre, después de que un juez anulara las órdenes emitidas por el gobierno federal que suspendían las aprobaciones, permitiendo que estas se reanudaran.
Estipulaciones de las subvenciones del Departamento de Transporte: California, et al. contra U.S. DOT, Duffy, et al.
Este caso impugnó las nuevas estipulaciones añadidas a la financiación del Departamento de Transporte que impondrían medidas de control migratorio sobre subvenciones que, de otro modo, no tendrían nada que ver con la inmigración.
En junio se emitió una orden judicial preliminar y el asunto se cerró en noviembre después de que se le prohibiera permanentemente al Departamento de Transporte de EEUU condicionar la financiación federal para el transporte a la aceptación de las condiciones de control migratorio.
Programa de Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes: Washington, et al. contra FEMA, et al.
Esta demanda impugnó la decisión de cerrar el Programa bipartidista de Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), diseñado para ayudar preventivamente a las comunidades a prepararse para desastres naturales.
El tribunal emitió una orden judicial preliminar en agosto y, en diciembre, falló a favor de los estados e impidió que FEMA pusiera fin al programa BRIC.
Apoyo financiero del Departamento de Energía: Nueva York y otros contra el Departamento de Energía de EEUU, Wright y otros.
En este caso, se demandó al Departamento de Energía de EEUU por un cambio de política que eliminaría el apoyo financiero a los estados para cubrir los costos administrativos y de personal, que históricamente se habían cubierto mediante programas de financiación.
En noviembre, el tribunal dictó una orden judicial que prohibía permanentemente al gobierno implementar dichas normas de financiación y anuló la política que las había implementado.
Programas de salud mental en las escuelas: Washington, et al. contra el Departamento de Educación de EEUU, McMahon, et al.
Esta demanda impugnó la decisión del Departamento de Educación de EEUU de recortar los fondos aprobados por el Congreso para programas de salud mental en escuelas primarias y secundarias.
El tribunal emitió una orden judicial preliminar en octubre, y el Departamento de Educación presentó una apelación contra dicha orden en noviembre. El 22 de diciembre, la jueza del Tribunal de Distrito de EEUU, Kymberly Evanson, del Distrito Oeste de Washington, concedió la moción de juicio sumario de los estados y ordenó a ambas partes reunirse y acordar un plazo para que el Departamento tome decisiones legales sobre la continuación de los programas.
ORDEN JUDICIAL PRELIMINAR/ORDEN DE RESTRICCIÓN TEMPORAL
Subvenciones de salud pública: Colorado, et al. contra el HHS, RFK Jr., et al.
Esta demanda se presentó para impugnar los recortes de más de 11 000 millones de dólares del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, incluyendo más de 379 millones de dólares que se destinarían a Michigan.
En abril, un juez emitió una orden de restricción temporal y en mayo una medida cautelar, deteniendo la acción del gobierno federal. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU presentó una apelación en julio, pero la rescindió voluntariamente poco después.
Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias: Nueva York y otros contra el Departamento de Educación de EEUU, McMahon y otros.
Esta demanda se presentó para impedir que el Departamento de Educación de EEUU rescindiera la prórroga del plazo para que los estados accedieran a los fondos del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias, creado durante la pandemia de COVID-19.
Se otorgaron medidas cautelares a los estados en mayo y de nuevo en junio, después de que el departamento intentara nuevamente retrasar el plazo. El Departamento de Educación solicitó una suspensión de dichas medidas, la cual fue denegada, y la apelación del departamento fue desestimada voluntariamente en agosto.
AmeriCorps: Maryland y otros. v. AmeriCorps, et al
Este caso impugnó los despidos y cancelaciones de la mayoría del personal y los puestos de AmeriCorps, incluyendo todos los puestos de AmeriCorps en Michigan.
En junio, se emitió una orden judicial preliminar a favor de los estados, que restableció muchos de los programas. Sin embargo, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) retuvo los fondos hasta que se añadiera la OMB como demandada adicional en el caso. Tras la solicitud de una segunda orden judicial contra la OMB, esta acordó liberar completamente los fondos previamente retenidos y los estados retiraron su solicitud.
Requisitos de inmigración para la red de seguridad social: Nueva York, et al. v. Departamento de Justicia de los EEUU, et al.
Esta demanda impugnó los nuevos requisitos de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996, que exigirían la verificación de la ciudadanía o el estatus migratorio de las personas antes de poder acceder a docenas de programas estatales de la red de seguridad social.
En septiembre se otorgó una orden judicial preliminar en el caso. El gobierno apeló la decisión, pero posteriormente retiró la apelación. Las sesiones informativas para el fallo final del tribunal se llevarán a cabo durante la primavera de 2026.
Intercambio de datos del SNAP: California y otros contra USDA y otros.
Este caso se refiere a los requisitos de intercambio de datos propuestos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que proporciona datos al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para obtener información sobre los beneficiarios del SNAP con fines de control migratorio.
El tribunal otorgó una orden judicial preliminar que bloqueó la exigencia del USDA a los estados de compartir datos sobre el SNAP con el DHS y el ICE, e impidió que el departamento retuviera fondos a los estados que no cumplieran.
Financiamiento para la educación en salud sexual: Washington y otros contra HHS, RFK Jr. y otros.
Esta demanda impugnó el intento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU de retirar los fondos estatales a los programas de educación sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes, a menos que eliminaran del currículo el lenguaje que incluía la identidad de género.
En octubre se otorgó una orden judicial preliminar, y las sesiones informativas para la decisión final se programarán durante la primavera de 2026.
Financiamiento del SNAP: Massachusetts, et al. contra el USDA
Este caso impugnó la decisión del Departamento de Agricultura de EEUU de no utilizar fondos de contingencia ni otras fuentes de financiación para continuar proporcionando las prestaciones del SNAP correspondientes al mes de noviembre a los beneficiarios durante el cierre gubernamental de 2025, que se extendió de octubre a mediados de noviembre.
El 12 de noviembre, el tribunal emitió una orden de restricción temporal e impidió que el USDA tomara medidas contra los estados que habían proporcionado las prestaciones completas del SNAP a los beneficiarios en noviembre. Poco después, finalizó el cierre y se liberaron las prestaciones del SNAP.
Atención Continua del HUD: Washington, et al. contra el HUD
Este caso impugnó los cambios al programa de subvenciones de Atención Continua del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU, que reducía la financiación para opciones de vivienda permanente e imponía barreras ideológicas a los beneficiarios, como la prohibición de reconocer su identidad de género.
El 19 de diciembre se concedió una orden judicial preliminar, después de que el HUD rescindiera la Notificación de Oportunidad de Financiamiento que los estados estaban impugnando.
Elegibilidad para el SNAP: Nueva York, et al. contra el USDA
Este caso buscaba revocar una política del Departamento de Agricultura de EEUU que esencialmente eliminaría el acceso a los beneficios de asistencia alimentaria del SNAP para todos los no ciudadanos, incluso para ciertos residentes legales que anteriormente eran elegibles, como aquellos con estatus de refugiado.
El tribunal concedió una orden judicial preliminar a los estados el 15 de diciembre, deteniendo la política.
ORDEN JUDICIAL PRELIMINAR, EN APELACIÓN
Financiamiento federal a los estados: Nueva York y otros contra Donald J. Trump y otros
Este caso se presentó para detener una directiva de la Oficina de Administración y Presupuesto que buscaba detener todo desembolso de fondos federales a los estados, incluyendo fondos para programas como Medicaid, así como para escuelas públicas y fuerzas del orden. El 6 de marzo se emitió una orden judicial preliminar, pero un mes después se dictaminó que el gobierno federal no había cumplido con dicha orden, específicamente en lo que respecta a los fondos de ayuda por desastre de FEMA.
La decisión sobre el financiamiento de FEMA ha sido apelada y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito emitirá un fallo próximamente.
Financiamiento de la investigación médica: Massachusetts y otros contra NIH
Esta demanda se presentó para impugnar la decisión de suspender miles de millones de dólares en fondos para investigación médica en los Institutos Nacionales de la Salud. Esto incluía investigaciones realizadas en la Universidad de Michigan, la Universidad Estatal de Michigan y la Universidad Estatal de Wayne.
En marzo se emitió una orden judicial preliminar y en abril el gobierno federal apeló dicha decisión. Se han presentado alegatos orales ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.
Acción ejecutiva electoral: California, et al. contra Trump, Bondi, et al.
Esta demanda impugnó una orden ejecutiva emitida por Trump que instituiría restricciones radicales al voto, incluyendo medidas para la prueba de ciudadanía y nuevos requisitos para el recuento de votos.
Un tribunal federal de distrito concedió una orden preliminar en junio, y el Departamento de Justicia de EEUU presentó una apelación en julio. Una moción de desestimación presentada por el gobierno federal fue denegada por el tribunal en septiembre, y el caso continúa en curso.
Desmantelamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos: Nueva York, et al. contra RFK Jr., HHS, et al.
La demanda impugnó la decisión del Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., de despedir a unos 10,000 empleados federales y consolidar agencias dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Los estados recibieron una orden preliminar en julio. El Departamento de Salud y Servicios Humanos intentó primero anular la orden judicial en el tribunal de distrito y luego la apeló ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. Sin embargo, tras la denegación de la suspensión por parte del tribunal de apelaciones, retiraron su apelación. Sin embargo, la moción de desestimación del departamento sigue pendiente en el tribunal de distrito.
Estipulaciones de las subvenciones de FEMA: Illinois y otros contra FEMA, Seguridad Nacional y otros.
Este caso impugnó las nuevas estipulaciones añadidas a la financiación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que impondrían medidas de control migratorio a subvenciones que, de otro modo, no tendrían relación con la inmigración.
El tribunal de distrito emitió una orden judicial permanente en septiembre, prohibiendo al gobierno federal aplicar la cláusula de control migratorio en las subvenciones de las agencias. FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional presentaron una apelación contra dicha decisión en noviembre, la cual está pendiente.
Transferencia de datos de Medicaid: California, et al. contra HHS, RFK Jr., et al.
Este caso se refiere a la transferencia de datos propuesta por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, específicamente los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU El DHS y el ICE solicitaron los registros de los beneficiarios de Medicaid para fines de control migratorio.
En agosto se otorgó una orden judicial preliminar. Sin embargo, el HHS y el DHS anunciaron en noviembre su intención de intentar transferir nuevamente estos datos, y los estados solicitaron una segunda orden judicial contra dicha acción. El tribunal extendió la primera orden judicial hasta el 5 de enero de 2026 para permitir la consideración de esta nueva moción.
Financiamiento de Planned Parenthood: California, et al. contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, et al.
Esta demanda impugnó la “Disposición de Desfinanciamiento” del “Proyecto de Ley Grande y Hermoso” de Trump, aprobado este verano, que bloquearía los reembolsos de Medicaid para servicios como pruebas de detección de cáncer, anticonceptivos y pruebas de ITS en los centros de salud de Planned Parenthood.
El 2 de diciembre se otorgó una orden judicial preliminar a los estados, pero seis días después el gobierno presentó una moción para suspender la orden judicial en espera de una apelación. Esta moción fue concedida inmediatamente por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, que decidirá sobre la moción.
APELADA
Ciudadanía por derecho de nacimiento: Nueva Jersey y otros contra Donald J. Trump y otros
Presentada inicialmente el día después de la investidura de Trump, esta demanda impugna una orden ejecutiva que buscaba revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento. El caso alega una violación de la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Si bien inicialmente se otorgó una orden judicial preliminar, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en junio que los tribunales federales de distrito tenían una capacidad limitada para emitir una orden judicial a nivel nacional. La orden judicial está en apelación, pero dichos procedimientos están suspendidos debido a que la Corte Suprema acordó escuchar un caso relacionado sobre la ciudadanía por nacimiento, Barbara contra Trump, en algún momento de 2026.
PRESENTADO
Protección del consumidor: Nueva York y otros contra Russell T. Vought y otros
Este caso busca detener la desfinanciación total de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), cuyo actual director interino, Russell Vought, se niega a solicitar fondos a la Reserva Federal. Esto, según los demandantes, prácticamente garantizará que la agencia se quede sin fondos en enero de 2026.
El caso se presentó el 22 de diciembre de 2025 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Eugene, Oregón.
Título VI: Nueva York y otros contra el Departamento de Educación de los Estados Unidos, McMahon y otros
Este caso cuestiona la interpretación de la administración Trump del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, específicamente en lo que respecta a su interpretación de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.
El caso se presentó en abril y las sesiones informativas están programadas hasta la primavera de 2026, con una audiencia programada para el 4 de junio de 2026.
Emergencia energética: Washington y otros contra Trump y otros
Esta demanda impugna la declaración de “emergencia energética” de la administración Trump, que ha dictado la política energética y priorizado el uso de fuentes de energía como el carbón, el petróleo y el gas, en lugar de la eólica, la solar y las baterías.
El caso se presentó en mayo y permanece abierto.
Prioridades de la agencia: Nueva Jersey y otros contra la OMB y otros
Este caso cuestionó la legalidad de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), junto con otras agencias federales, al cancelar subvenciones a los estados debido a cambios en las “prioridades de la agencia”.
El caso continúa en los tribunales y las sesiones informativas finalizaron el 5 de diciembre.
Mercado de la Ley de Atención Médica Asequible: California, et al. contra RFK Jr., et al.
Esta demanda alega que una nueva norma establecida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) con respecto a la inscripción en la Ley de Atención Médica Asequible “reduce y elimina los períodos de inscripción, dificulta la inscripción y añade requisitos de verificación de elegibilidad”, lo que la convierte en ilegal.
Los estados solicitaron una medida cautelar, que fue denegada en octubre. Las sesiones informativas para la decisión final sobre el caso se prolongarán hasta la primavera de 2026.
Atención médica para jóvenes transgénero: Massachusetts, et al. contra Trump, et al.
Este caso demandó a la administración Trump por intentar restringir el acceso a la atención médica necesaria para jóvenes transgénero, intersexuales y no binarios, incluso mediante amenazas de enjuiciamiento penal para padres y médicos.
El caso se presentó en agosto.
Infraestructura para vehículos eléctricos: Washington, et al. contra el Departamento de Transporte de EEUU, et al.
Esta demanda impugnó la política del Departamento de Transporte de EEUU y la Administración Federal de Carreteras de suspender el programa de Infraestructura Nacional de Vehículos Eléctricos, que proporcionaba fondos federales a los estados para desarrollar su infraestructura de vehículos eléctricos.
Michigan se unió al caso el 1 de agosto y se espera que los argumentos orales se presenten el 13 de enero de 2026.
Programa Solar para Todos: Centro de Energía Limpia de Maryland contra EEUU; Arizona, et al. contra EPA
Estas dos demandas, una en el Tribunal de Reclamaciones Federales y otra en el Tribunal de Distrito de EEUU, impugnaron la cancelación del programa Solar para Todos, cuyo objetivo era proporcionar energía solar a más de 900,000 hogares en comunidades de bajos ingresos y desfavorecidas.
Ambas demandas se presentaron en octubre y, en el tribunal de distrito, se programó una audiencia para una medida cautelar para el 8 de enero de 2026.
Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público: Massachusetts, et al. contra el Departamento de Educación de EEUU
Esta demanda impugnó las nuevas restricciones a la elegibilidad para el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público, que condona los préstamos estudiantiles a empleados gubernamentales y de organizaciones sin fines de lucro después de diez años de servicio. Estas restricciones eliminarían la elegibilidad de cualquier organización sin fines de lucro que el gobierno considere con un “propósito ilegal sustancial”.
El caso se presentó en noviembre y se esperan informes hasta la primavera de 2026.
Subvenciones de FEMA: Michigan y otros contra Noem
Esta demanda impugnó las nuevas condiciones de financiamiento para la Subvención para el Desempeño en la Gestión de Emergencias y el Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional, ambos destinados a la respuesta y preparación ante desastres, con el fin de limitar el acceso directo a la financiación por parte de la policía estatal y local y el personal de emergencias, quienes generalmente utilizan los fondos de FEMA.
La demanda se presentó en noviembre y el 17 de diciembre se celebró una audiencia sobre una moción de juicio sumario.
Visas H-1B: California y otros contra Kristi Noem y otros
Esta demanda argumentó que una nueva política que impone una tarifa de $100,000 a las nuevas solicitudes de visa H-1B es ilegal, ya que se trata de visas para trabajadores altamente especializados, como médicos e investigadores.
La demanda se presentó en diciembre.
DESESTIMADA
DOGE: Nuevo México y otros contra Elon Musk y otros
Este caso cuestionó la autoridad de Elon Musk, en su rol como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), para suspender la financiación federal a diversos programas y eliminar las acciones de varias agencias gubernamentales. Específicamente, el caso la impugnó basándose en las facultades constitucionales del Congreso para asignar fondos.
Los estados desestimaron voluntariamente la demanda el 15 de diciembre. Aunque no hay una razón oficial en los documentos judiciales, Bloomberg informó que se debió a que Musk había dejado la agencia y su trabajo prácticamente se había detenido.
Despidos de empleados federales: Maryland y otros contra el Departamento de Agricultura de EEUU y otros
Esta demanda se interpuso tras la decisión de implementar despidos por reducción de personal (RIF) en varias agencias federales, lo que provocó el despido de miles de empleados públicos. La demanda argumentaba que, dado que esto aumentaría el desempleo, los estados estarían obligados a pagar cantidades significativamente mayores en concepto de prestaciones por desempleo y Medicaid.
El caso fue desestimado después de que el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito dictaminara que los estados carecían de legitimación activa y no demostraron un perjuicio suficientemente significativo.
Reducción del Departamento de Educación: Nueva York y otros contra Linda McMahon y otros
Esta demanda se presentó para impugnar lo que los estados alegaron como un intento de desmantelar y eliminar el Departamento de Educación por parte de la administración Trump, bajo la dirección de la Secretaria de Educación Linda McMahon.
El caso recibió inicialmente una orden judicial preliminar en mayo, pero en julio, la Corte Suprema de EEUU, en una orden breve y sin firma, revocó dicha orden judicial, lo que finalmente condujo a la desestimación de la apelación de los estados contra dicha decisión y a la anulación de la orden judicial en octubre.
Dispositivos de conversión de ametralladoras: Nueva Jersey y otros contra Bondi, ATF y otros
Este caso cuestionó la política de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que incluía planes para distribuir miles de dispositivos de conversión de ametralladoras, que convierten armas semiautomáticas en armas completamente automáticas.
Los estados retiraron sus mociones después de que la ATF confirmara expresamente a un juez que no seguiría adelante con esa política.
Congelación de fondos para la educación: California, et al. contra Linda McMahon, et al.
La demanda impugnó la decisión de la administración Trump de congelar los fondos a seis programas de larga data administrados por el Departamento de Educación de EEUU, que ascendían a más de 6 mil millones de dólares destinados a los estados para programas educativos.
Semanas después de la presentación del caso, la administración liberó los fondos congelados. Ambas partes presentaron una solicitud de desestimación, tras un acuerdo según el cual los fondos restantes del año fiscal se liberarían puntualmente, lo cual fue aceptado por el tribunal.
Fondos de la Ley de Víctimas del Crimen: Nueva Jersey, et al. contra el Departamento de Justicia de EEUU, Bondi, et al.
Este caso impugnó las nuevas estipulaciones añadidas a los fondos destinados a la Ley de Víctimas del Crimen, que impondrían medidas de control migratorio sobre subvenciones que, de otro modo, no tendrían nada que ver con la inmigración.
Tras la presentación de este caso, el Departamento de Justicia abandonó estos planes de promulgar dichas políticas.
Subvenciones de la Ley de Víctimas del Crimen: Nueva York, et al. contra el Departamento de Justicia de EEUU, Bondi, et al.
Esta demanda impugnó las nuevas políticas de financiación de la Ley de Víctimas de Delitos y la Ley de Violencia contra la Mujer, que restringirían el uso de fondos de subvenciones para la prestación de servicios legales a ciertos inmigrantes.
El caso fue desestimado después de que el Departamento de Justicia declarara que no impondría las restricciones a las subvenciones en cuestión.
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