Artículo originalmente publicado por Maggie Dougherty para Capitol News Illinois, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Maggie Dougherty/Capitol News Illinois
Por Maggie Dougherty
Chicago, Illinois.— Una comisión recién formada escuchó testimonios esclarecedores sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales, apenas días después de que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, fuera visto de regreso en la ciudad.
La Comisión de Responsabilidad de Illinois celebró su primera reunión pública el jueves en el barrio de La Villita de la ciudad para recopilar un registro público oficial de la mala conducta de los agentes federales durante la campaña de control migratorio “Operación Midway Blitz” de la administración Trump este otoño.
“Las imágenes son impactantes e imposibles de ignorar, pero lo más importante es que serán imposibles de olvidar”, declaró Rubén Castillo, presidente de la comisión y ex juez principal del Distrito Norte de Illinois. “Esto no puede ser la nueva normalidad”.
El mandato de la comisión, establecido por el gobernador J.B. Pritzker en una orden ejecutiva de octubre, incluye documentar los abusos cometidos por agentes federales y emitir recomendaciones para políticas y acciones legales.
Castillo afirmó que el personal de la comisión ya había estado ocupado revisando las pruebas y prometió que investigarían “todas y cada una” de las denuncias de abuso por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otros agentes federales. Aunque no tiene la facultad legal para exigir testimonios ni procesar casos por sí misma, la comisión podría recomendar el enjuiciamiento de agentes acusados de mala conducta.
En enero, la comisión abrirá un portal donde el público podrá enviar información para su revisión. La comisión debe emitir una actualización pública del estado de la situación a finales de enero y un informe final a finales de abril.
Armas químicas
Durante la audiencia de tres horas del jueves, la comisión escuchó el testimonio de Rohini Haar, médica de urgencias y profesora de la Universidad de California-Berkley, quien revisó 30 horas de grabaciones públicas del uso de armas químicas por parte de agentes federales, como gas lacrimógeno y gas pimienta, contra manifestantes, periodistas y transeúntes en el área de Chicago.
Las armas químicas solo deben utilizarse cuando existe una amenaza directa a la seguridad pública y no existen alternativas viables, testificó Haar. Cuando se despliegan, deben darse ciertas condiciones y precauciones para justificar su uso.
Por ejemplo, se deben tomar precauciones para garantizar la protección de niños, ancianos y otras poblaciones vulnerables; se deben emitir advertencias antes de su uso; y no se deben disparar armas directamente a las personas, especialmente al cuello y la cara, ni en espacios cerrados como automóviles.
“Los irritantes químicos son inherentemente indiscriminados”, afirmó Haar. “Una vez que se dispara, no se puede saber hacia dónde sopla el viento ni a quién se dirige. Por lo tanto, no se puede controlar a una persona con esto ni se puede apuntar a ella”.
Bovino y otros fueron objeto de numerosas audiencias en tribunales federales este otoño. En un momento dado, Bovino recibió la orden de presentarse diariamente ante un juez federal hasta que un tribunal de apelaciones emitió una suspensión de dicha orden.
Bovino y agentes de inmigración abandonaron la ciudad a mediados de noviembre con destino a Charlotte, Carolina del Norte, y otros lugares, pero recientemente fueron vistos de regreso en Chicago.
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Si bien los agentes químicos se clasifican como armas “menos letales”, pueden tener graves efectos para la salud, testificó Haar. Los cartuchos lanzados pueden causar traumatismos por fuerza contundente, mientras que las sustancias químicas que contienen pueden causar numerosas lesiones respiratorias, cutáneas y oculares. En algunos casos, afirmó Haar, el uso de armas químicas ha causado la muerte o lesiones graves. En muchos casos, las personas presentan síntomas de trauma psicológico duradero.
Tras revisar los incidentes de Chicago, Haar afirmó haber visto casos de uso indiscriminado de armas químicas contra niños y ancianos, uso en espacios cerrados, disparos sin previo aviso o intentos de abordar la situación con otras tácticas, como la comunicación.
“Todos los casos que he visto de esto han sido de uso excesivo de la fuerza”, testificó Haar.
Entre los incidentes que la comisión revisó el jueves se encontraba el uso de gas pimienta por parte de agentes federales contra una joven familia en el estacionamiento de un Sam’s Club. Rafael Veraza conducía cuando agentes federales le rociaron gas pimienta a través de la ventanilla del coche. La hija de un año de la familia iba en el asiento trasero.
Matt DeMateo, pastor de La Villita en la Iglesia Comunitaria Nueva Vida, encontró a la familia Veraza después del incidente. En la reunión, DeMateo compartió videos tomados por la familia y su equipo, incluyendo videos de la niña llorando con los ojos enrojecidos.
La escena, dijo DeMateo, parecía una “zona de guerra” con helicópteros sobrevolando.
“Todo esto es simplemente un uso indebido de los irritantes, línea por línea”, dijo Haar sobre el video, haciendo referencia a la presencia de un niño, el uso sin previo aviso en un espacio cerrado contra personas que no representaban una amenaza y el disparo del gas lacrimógeno contra la cara de Veraza.
DeMateo también compartió un video de ese mismo día, en el que vio a Bovino blandiendo una lata de gas lacrimógeno con el seguro quitado. DeMateo afirmó no sentir ninguna amenaza por parte del público que justificara tal uso.
“La única amenaza que personalmente sentí fue la de los agentes”, testificó DeMateo.
Investigando a CPD, ISP
Más de una docena de personas del público se inscribieron para brindar comentarios a la comisión. Algunos agradecieron a los comisionados por su trabajo y compartieron historias de miembros de la comunidad que no pudieron asistir, ya sea por miedo o por haber sido detenidos por agentes federales de inmigración.
Otros pidieron a la comisión que actuara con rapidez e incluyera a la Policía Estatal de Chicago e Illinois en su revisión de los oficiales locales que asisten a agentes federales de inmigración en violación de la Ley TRUST. “Nuestros hijos han estado sufriendo desde septiembre”, dijo Quinn Michaelis, abogado penalista y fundador del Equipo de Respuesta Rápida de la Comunidad de Edgewater, una de las muchas redes de respuesta rápida que responden a la presencia de ICE en la ciudad. “No podemos esperar tres años más para que se rindan cuentas. No podemos esperar ni siquiera hasta marzo”.
El reverendo presbiteriano David Black, quien recibió un disparo en la cabeza con una bala de pimienta por parte de agentes federales mientras protestaba en el centro de detención de ICE en Broadview el 19 de septiembre, también habló en la reunión. Al igual que otros, pidió a los comisionados que recomendaran que el estado retirara los cargos contra los manifestantes de Broadview.
“No solo necesitamos que se exijan responsabilidades. Necesitamos buenos vecinos, y necesitamos que esos buenos vecinos sean protegidos por el estado y la ciudad, que afirman tener los mismos oponentes que nosotros”, dijo Black. “Necesitamos que retiren los cargos estatales contra quienes intentan proteger a sus vecinos, en lugar de reprimir a las pocas personas que ahora mismo están dispuestas a dar un paso al frente y arriesgar sus vidas para detener a estos secuestradores enmascarados”.
Castillo indicó que él y el resto de la comisión tomarían en cuenta las observaciones.
“Escuché alto y claro en nombre de la comisión que el ISP y el CPD no pueden ser parte del problema”, dijo Castillo, provocando el aplauso del público. Abordaremos este asunto con la mayor seriedad, al igual que abordaremos el caso de ICE.
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