La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la fiscal Ernestina Godoy Ramos presentaron la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio, una iniciativa de reforma que contempla penas de 40 a 70 años de prisión para los agresores y busca homologar los protocolos de investigación en todo el país.
En la conferencia matutina de este martes 24 de marzo, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que, además, se establecen multas de hasta 234 mil pesos, es decir, de mil a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Mencionó que a la fecha se reconocen nueve razones de género para este delito:
“Signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo, entre otras”, dijo la fiscal.
Agregó que dicha ley establece 21 agravantes que pueden aumentar las penas: si la víctima es niña, adolescente o persona mayor, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, si tiene alguna discapacidad, si pertenece a pueblos originarios y si el feminicidio se cometió frente a sus hijas o hijos.
Godoy Ramos puntualizó que esta será la primera iniciativa del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, el cual será entregado al Senado. Así, se plantea homologar los protocolos de investigación en todo el país para incorporar la forma de coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
Asimismo, se busca garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde el primer momento, bajo la hipótesis de feminicidio. Y que la perspectiva de género en cada etapa del proceso sea incorporada de manera obligatoria.
“Hablar de feminicidio no sólo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatadas, y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia a las mujeres y familias víctimas de este flagelo social (…) El delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio”, detalló.
La iniciativa contempla, además, que el responsable del feminicidio perderá los derechos que pudiera tener respecto a propiedades o bienes; perderá la patria potestad de pleno derecho respecto de hijos e hijas: será destituido para el desempeño de cualquier cargo público y perderá cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas directas o indirectas.
La fiscal explicó que la propuesta contempla una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en Materia de Prevención, Investigación y Sanción del Feminicidio, modificando el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de homologar el tipo penal y sus sanciones en todas las entidades federativas.
Detalló que la iniciativa, elaborada por la FGR y la Secretaría de las Mujeres, plantea reconocer el feminicidio no sólo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, lo que obliga al Estado mexicano a implementar respuestas estructurales en materia legislativa, de procuración de justicia y políticas públicas.
Godoy indicó que todas las fiscalías del país deberán contar con unidades especializadas, ministerios públicos, policías, personal técnico y periciales expertos en investigación del delito, con perspectiva de género, análisis de contexto de violencia y debida diligencia.
Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, anunció que se propone crear una comisión especial para articular una campaña permanente contra la violencia feminicida.
