Esta historia fue publicada originalmente por Levi Sumagaysay para Cal Matters, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Joel Angel Juarez/CalMatters
Por Levi Sumagaysay
California y otros 23 estados, mayoritariamente demócratas, demandaron el jueves a la administración Trump por su nueva justificación para los amplios aranceles del presidente.
El fiscal general estatal, Rob Bonta, codirige la demanda junto con los fiscales generales de Oregón, Arizona y Nueva York. Afirman que el uso por parte del presidente Donald Trump de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 —que invocó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara el 20 de febrero que su uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional era inconstitucional— también es ilegal.
Trump impuso inmediatamente aranceles del 10% en todos los ámbitos tras el fallo de la Corte Suprema que anuló la mayoría de los aranceles que impuso el año pasado.
“Se está agarrando a un clavo ardiendo desesperadamente”, declaró Bonta en una conferencia de prensa virtual el viernes. “La justificación del presidente para estos aranceles ilegales ha pasado de irrazonable a ridícula”.
El grupo presentó la demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional. Se afirma que la Sección 122 nunca se ha invocado y que solo puede utilizarse en circunstancias limitadas, como para abordar “grandes y graves déficits de balanza de pagos” y para prevenir una “depreciación inminente y significativa del dólar”, y que las justificaciones del presidente no cumplen con dichos requisitos.
“El presidente está utilizando la autoridad que le otorgó el Congreso para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales y los grandes y graves déficits de balanza de pagos de nuestro país”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un correo electrónico. “La Administración defenderá enérgicamente la acción del presidente ante los tribunales”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa, afirmó que el presidente “confunde el déficit de balanza de pagos con el déficit comercial. Son dos cuestiones distintas”.
La demanda de 35 páginas explica que la balanza de pagos —el registro de todas las transacciones entre residentes estadounidenses y extranjeros, que incluye bienes, servicios, ingresos, activos y pasivos— abarca más que el simple déficit comercial.
Al suscribirse, acepta los términos.
Además, la Sección 122 exige que los aranceles se apliquen de manera uniforme a todos los productos, algo que, según la demanda, la administración no está haciendo, ya que la proclamación arancelaria de Trump incluye exenciones para productos de Canadá y otros países, así como numerosas excepciones de productos.
“En cuanto al fondo, existe un argumento sólido —y sencillo— de que la situación contemplada por la Sección 122 no se aplica al panorama económico actual de Estados Unidos”, afirmó Alan Sykes, profesor de derecho en la Universidad de Stanford, quien imparte clases de comercio internacional y otras disciplinas. Dado que Estados Unidos no tiene necesidad de intervenir para apuntalar un dólar en declive, “la idea de que esta situación actual se ajusta a la lógica de la Sección 122 es absurda”.
Pero Sykes afirmó que los aranceles impuestos bajo la Sección 122 tienen un límite de 150 días y que no está claro si el tribunal emitirá un fallo antes de esa fecha. También se preguntó si el tribunal estará dispuesto a “decirle al presidente que no hay déficit en la balanza de pagos”.
Los fiscales generales también mencionaron que los aranceles de Trump han elevado los precios para los consumidores y las empresas estadounidenses. Un estudio reciente del Laboratorio de Yale estimó que los aranceles le han costado al hogar promedio alrededor de $1,000 al año.
“El presidente Trump hizo campaña con la promesa de hacer la vida más asequible para las familias, pero aquí está, infringiendo la ley para encarecer la vida de los estadounidenses”, dijo Bonta.
En California, los aranceles han afectado a empresas e industrias, como la agricultura y el vino, cuyas exportaciones han disminuido, según un análisis del Instituto de Políticas Públicas de California.
Los otros estados que interpusieron la demanda son Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
El miércoles, un juez del Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que las empresas que pagaron aranceles amplios bajo la ley anterior citada por Trump tienen derecho a reembolsos. Estados Unidos recaudó más de 264 000 millones de dólares en aranceles en 2025, según la Tax Foundation. Más de 130 000 millones de dólares de los aranceles recaudados se basaron en la ley que, según dictaminó la Corte Suprema, el presidente no tenía la autoridad para aplicar.
Los demandantes en esta nueva demanda también solicitan reembolsos de los aranceles ya recaudados bajo la Sección 122.
