California demandó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump para impugnar una orden que reanuda el uso de dos oleoductos sin contar con las regulaciones del estado, que los mantienen bajo supervisión tras un derrame de petróleo en 2015 que contaminó una de las áreas de mayor diversidad de la costa oeste de EEUU.
La querella legal busca detener la orden emitida por el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, que le da vía libre a la compañía Sable Offshore Corp. (Sable) para reanudar las operaciones de los oleoductos (CA-324 y CA-325) que hacen parte del sistema Las Flores.
La Casa Blanca invocó recientemente la Ley de Producción de Defensa con el objetivo de eludir las regulaciones estatales y elevar la producción de petróleo en un intento por aliviar las presiones sobre el suministro mundial de crudo generadas por la guerra en curso con Irán.
El fiscal de California, Rob Bonta, alega en la demanda que Wright “carece de autoridad” para eximir a la petrolera de cumplir con las leyes estatales y federales y varias órdenes judiciales que abordan, entre otras, las violaciones relacionadas con la ruptura del oleoducto CA-324 que causó el peor derrame de petróleo en la costa de California en 25 años.
Bonta dijo en un comunicado que la Casa Blanca y Sable intentan de forma “desesperada” pasar por alto la autoridad del estado y la independencia judicial solo “en busca” de ganancias corporativas.
“California ha presenciado de primera mano los devastadores impactos ambientales y en la salud pública de la ruptura de estos oleoductos, y existen requisitos legales ordenados por los tribunales para garantizar que no vuelva a suceder”, subrayó el fiscal.
El oleoducto CA-324, que transporta petróleo desde la plataforma marítima hasta la costa, está sujeto a un acuerdo judicial tras el derrame de petróleo de Refugio Beach en mayo de 2015, cuando un segmento corroído se rompió y liberó cientos de miles de galones de petróleo cerca de una playa en las afueras de Santa Bárbara.
El derrame de petróleo causó graves daños a la salud y seguridad públicas, incluyendo la liberación de petróleo y humos peligrosos que enfermaron a las comunidades, contaminaron las aguas costeras, dañaron a los mamíferos marinos y las aves marinas, y obligaron al cierre de playas, según ha advertido la fiscalía en la demanda.
En contraste, Wright dijo que la orden emitida el pasado 13 de marzo “fortalecerá” el suministro de petróleo de Estados Unidos y restablecerá un sistema de oleoductos “vital” la seguridad y defensa nacional, garantizando que las instalaciones militares de la Costa Oeste cuenten con la energía suficiente.
Las acciones de Sable Offshore repuntaron casi un 10% después del anuncio de Wright.
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