Esta historia fue publicada originalmente por Ariana Figueroa para Minnesota Reformer, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Ilustracion generada por Grok
Por Ariana Figueroa
Washington, D.C.— Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes una política del Departamento de Seguridad Nacional que establecía un requisito de notificación con siete días de anticipación para que los miembros del Congreso realizaran visitas de supervisión a las instalaciones que albergan a inmigrantes, al considerar que probablemente viola la ley de asignaciones presupuestarias que permite las visitas sin previo aviso.
La orden de la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, rechaza los argumentos iniciales de la administración Trump de que el flujo de fondos independiente proveniente de los recortes de impuestos y el paquete de gastos aprobado el año pasado elude una ley de asignaciones presupuestarias de 2019 que permite visitas de supervisión sin previo aviso a dichas instalaciones por parte de los legisladores.
Los miembros del Congreso demandaron al gobierno por la política de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“A lo largo de este litigio, los demandados han enfatizado la enorme cantidad de dinero asignada al DHS y al ICE bajo la Ley One Big Beautiful Bill. El Tribunal coincide en que estos fondos son realmente exorbitantes”, declaró Cobb. “Pero el poder del presupuesto reside en el Congreso, e incluso una agencia con grandes recursos debe cumplir con las restricciones del Congreso sobre el uso permitido de los fondos asignados”.
El Departamento de Justicia apeló la decisión poco después de que se diera la orden.
Cierre del DHS
La decisión del lunes se produjo en medio de un cierre parcial del gobierno del DHS debido a las preocupaciones de los demócratas sobre las tácticas de aplicación de la ley utilizadas por los agentes de inmigración tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.
Democracy Forward, el grupo que representa a los 13 congresistas que presentaron la demanda, elogió la decisión.
“El fallo de hoy deja claro que la secretaria Noem no puede operar centros de detención en la sombra ni silenciar a los funcionarios electos que hacen su trabajo”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “El tribunal ha reafirmado una vez más que la supervisión no es opcional, la transparencia no es negociable y los derechos humanos no desaparecen en las puertas de un centro de detención”.
Los 13 congresistas demócratas que presentaron la demanda fueron: Joe Neguse de Colorado, Adriano Espaillat de Nueva York, Kelly Morrison de Minnesota, Jamie Raskin de Maryland, Robert García de California, J. Luis Correa de California, Jason Crow de Colorado, Verónica Escobar de Texas, Dan Goldman de Nueva York, Jimmy Gómez de California, Raúl Ruiz de California, Bennie Thompson de Misisipi y Norma Torres de California.
Esta política es la tercera desde Noem que exige a los congresistas notificar a la agencia para que realice una visita de supervisión. Una ley de asignaciones de 2019, conocida como la Sección 527, permite a cualquier congresista realizar una visita sin previo aviso a una instalación federal que detenga a inmigrantes.
