Esta historia fue publicada originalmente por William J. Ford para Maryland Matters, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: William J. Ford/Maryland Matters
Por William J. Ford
Los alguaciles viajaron a Annapolis el miércoles con un mensaje para los legisladores que impulsan diversas propuestas de protección migratoria en la legislatura: No antepongan la política a la seguridad pública.
La visita de los alguaciles se produjo una semana después de que el gobernador Wes Moore (demócrata) promulgara un proyecto de ley que restringe los acuerdos entre la policía local y los funcionarios federales de inmigración, y mientras tanto la Cámara de Representantes como el Senado debaten otras medidas destinadas a proporcionar nuevas herramientas contra los abusos policiales.
La Cámara de Representantes dio aprobación preliminar el miércoles a un proyecto de ley combinado que permitiría a los fiscales utilizar técnicas de vigilancia policial para “desenmascarar” a agentes federales enmascarados y presentar casos judiciales por violaciones de derechos civiles. Además, el Comité de Procedimientos Judiciales del Senado escuchó horas de testimonios sobre proyectos de ley que limitan las actividades migratorias de la policía local sin una orden judicial válida y exigen que la policía local documente las “acciones de control migratorio” de otras agencias.
“Quieren hacer todo lo posible para maniatar a las fuerzas del orden, maniatar a los alguaciles de todo el estado”, declaró el miércoles el alguacil del condado de Frederick, Chuck Jenkins.
Jenkins afirmó que los alguaciles siguen considerando impugnar legalmente la nueva ley que prohíbe los llamados acuerdos 287(g). El condado de Frederick se encontraba entre los nueve condados que tenían acuerdos para detener a cualquier persona indocumentada en una cárcel por hasta 48 horas para que un representante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la recogiera.
Durante aproximadamente dos horas el miércoles, el Comité de Procedimientos Judiciales del Senado discutió el Proyecto de Ley 791 del Senado, la Ley de Confianza Comunitaria, presentada por el senador Clarence Lam (demócrata por Anne Arundel y Howard). El proyecto de ley prohibiría a las agencias locales del orden público y a las cárceles detener a personas por su estatus migratorio, a menos que exista una orden judicial para hacerlo. Los funcionarios locales no podrían actuar con base en órdenes administrativas del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, el Departamento de Justicia o cualquier agencia sucesora.
La ley actual permite a las agencias locales del orden público asistir al ICE en los traslados de cárceles y detener a personas sin una orden judicial.
Lam afirmó que el proyecto de ley garantizaría que “nuestras cárceles no se utilicen como puerta de entrada al proceso de deportación del gobierno federal, que a menudo hemos visto en los últimos meses”.
Varios senadores cuestionaron cómo el proyecto de ley podría restringir la colaboración de las autoridades locales con las autoridades federales, específicamente con el ICE.
La senadora Mary-Dulany James (demócrata por Harford) expresó su frustración con los simpatizantes que testificaron cuando mencionó a la familia de Rachel Morin, quien fue violada y asesinada por un inmigrante salvadoreño indocumentado cerca de su hogar en el condado de Harford en agosto de 2023.
“Cuando nos apresuramos, somos impulsivos. Improvisamos cosas que son experimentales, inéditas, y que pueden tener consecuencias imprevistas”, dijo James. “Estoy segura de que las intenciones del patrocinador son muy buenas, al igual que las suyas, cuando en realidad podemos ser contraproducentes de una manera muy perjudicial”.
Alice Barrett, abogada gerente de servicios de inmigración de We Are CASA, afirmó que el proyecto de ley no impide que ICE realice su trabajo, como emitir órdenes de arresto y realizar investigaciones.
Barrett reconoció que las muertes de Morin y otras personas son trágicas, pero “no representan la gran mayoría de las personas que estamos viendo”.
James intervino de inmediato.
“Tendría que hablar con la madre de Morin sobre eso y con sus hijos. No creo que tuviera el valor de decirle eso directamente a la familia”, dijo.
Una versión idéntica de la Cámara de Representantes, patrocinada por el delegado N. Scott Phillips (demócrata por el condado de Baltimore), también se debatió el miércoles ante el Comité Judicial.
Según las notas fiscales de los proyectos de ley, “los ingresos de los fondos federales podrían disminuir significativamente si las disposiciones del proyecto de ley se consideran incompatibles con la ley federal”. Esto se debe a una orden ejecutiva que Trump firmó en su primer día en el cargo, el 20 de enero de 2025, que ordenaba al fiscal general de EEUU y al secretario de Seguridad Nacional “evaluar y tomar todas las medidas legales necesarias para garantizar que las llamadas jurisdicciones santuario, que buscan interferir con el ejercicio legítimo de las operaciones policiales federales, no tengan acceso a fondos federales”.
Jenkins testificó ante el comité de la Cámara de Representantes, donde el delegado Gabriel Moreno (demócrata por el condado de Howard) preguntó si “su postura era que ningún inmigrante indocumentado debería vivir en Maryland”.
“Nadie ha dicho eso, señor”, respondió Jenkins. “Nunca he mencionado nada sobre inmigrantes ilegales. Siempre me he centrado en los delincuentes”.
Vigilancia policial
El comité del Senado también debatió el Proyecto de Ley 660 del Senado durante casi una hora. El proyecto de ley está patrocinado por la senadora Sara Love (demócrata por Montgomery), quien encargó a su pasante Eli Gendleman, estudiante de último año de la Universidad de Maryland, condado de Baltimore, que resumiera el proyecto de ley.
Exigiría que, siempre que una agencia local de las fuerzas del orden sea notificada de acciones de control migratorio, un agente deberá acudir al lugar de los hechos para observar y registrar lo sucedido, y luego presentar un informe que incluya la fecha, la hora y el lugar, y si se requirió atención médica. Además, las agencias deberán indicar si se les impidió a los agentes observar o registrar la acción de control migratorio y preservar cualquier evidencia.
“Como hemos visto repetidamente, el ICE publica declaraciones sobre sus actividades que son contradichas por las fuerzas del orden locales o videos de transeúntes”, dijo Gendleman. “Esta legislación garantizaría la transparencia y la rendición de cuentas”.
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