Esta historia fue publicada originalmente por Ian Karbal para Pennsylvania Capital Star, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Nicole Neri/Minnesota Reformer
Por Ian Karbal
La Unión Americana de Libertades Civiles de Pensilvania ya ha representado a dos personas que fueron objeto de citaciones federales que solicitaban información de identificación a empresas tecnológicas.
Esto forma parte de una tendencia del gobierno federal que busca información sobre críticos anónimos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia que alberga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP).
El New York Times informó que se han emitido cientos de citaciones a empresas tecnológicas como Meta, Google, Reddit y Discord solicitando información de identificación sobre usuarios anónimos que rastrean o han criticado al DHS.
Pero el abogado de la ACLU de Pensilvania, Stephen Loney, afirmó que esto podría ser solo la punta del iceberg. Por eso, en parte, espera que un juez pronto se pronuncie definitivamente sobre la legalidad de tales citaciones.
“Si llevas mucho tiempo en Facebook o Twitter, es posible que te hayas registrado en 2009 con un correo electrónico que ya no revisas”, dijo Loney. “Pero esa es la dirección que recibirá esta notificación, y es una notificación que parece muy formal, no está personalizada y parece spam. Es el tipo de cosa que, si hubiera un enlace, le diría a mi abuela que no hiciera clic en él”.
Añadió que los correos electrónicos de las empresas tecnológicas indican que el gobierno solicitó información y, si los usuarios no se oponen en el tribunal, la entregarán al gobierno en un plazo determinado de días.
En los dos casos en los que intervino la ACLU de Pensilvania, el gobierno federal retiró sus solicitudes de citación tras la presentación de solicitudes para anularlas.
El primero, presentado en octubre, involucró a una página de Facebook llamada MontCo Community Watch, que informaba a las personas sobre sus derechos al confrontar a agentes federales de inmigración y rastreaba las actividades de control migratorio.
El 11 de septiembre de 2025, el DHS presentó dos citaciones administrativas a Meta, la empresa matriz de Facebook, solicitando información sobre los usuarios de la cuenta anónima.
Poco después, el gobierno federal retiró su solicitud de citación.
El segundo caso involucró a un ciudadano que envió un correo electrónico a un abogado del DHS involucrado en un caso de deportación contra un solicitante de asilo afgano. El individuo, identificado como “Jon Doe” en los documentos legales, le pidió al abogado que “aplicara principios de sentido común y decencia” en su trabajo.
Posteriormente, recibió la notificación de que el DHS había enviado una citación a Google solicitando información privada vinculada a su cuenta de Gmail.
Ese caso fue desestimado en febrero después de que el gobierno retirara su solicitud de citación.
“Eso es excelente para el cliente, pero en general, lo que el DHS está haciendo es retirar sus citaciones para, en cierta medida, dejar sin efecto el asunto legal antes de que un tribunal tenga la oportunidad de dictar sentencia”, dijo Loney. “Están eludiendo cualquier tipo de dictamen judicial que permita constancia de una decisión que confirme la ilegalidad de sus acciones”.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró: “El Departamento de Seguridad Nacional lleva a cabo todas sus operaciones en estricta conformidad con la Constitución de los Estados Unidos, la Cuarta Enmienda y la ley federal. El estado de derecho siempre será nuestra máxima prioridad”.
En el caso de MontCo Community Watch, si bien el DHS había acordado no emitir más citaciones solicitando información privada relacionada con la cuenta, la ACLU presentó una moción el mes pasado solicitando al gobierno el pago de honorarios de abogados.
Loney espera que, al emitir un fallo sobre esta cuestión tan específica, el tribunal también explique por qué las acciones del gobierno fueron ilegales. Sin embargo, también afirmó que la ACLU está buscando otras opciones para obtener un fallo judicial sobre la cuestión subyacente.
Loney instó a quienes hayan criticado a la agencia en línea a que vigilen cualquier cuenta de correo electrónico que pueda estar asociada con sus recuentos. Añadió que cualquier persona que reciba una notificación de citación debe comunicarse de inmediato con su filial local de la ACLU o buscar un abogado, idealmente uno especializado en derecho de la libertad de expresión.
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