Esta historia fue publicada originalmente por Jennifer Shutt y Ariana Figueroa para Kentucky Lantern, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Nicole Neri/Minnesota Reformer

Por Jennnifer Shutt y Ariana Figueroa

Washington, D.C.— Los dos principales demócratas del Congreso presentaron el miércoles su propuesta de restricciones a la aplicación de la ley migratoria, incluyendo cámaras corporales y la prohibición del uso de mascarillas, aunque no dieron detalles sobre cuándo comenzarían las negociaciones.

Los legisladores de ambos partidos políticos tienen menos de dos semanas para encontrar una solución antes de que la ley provisional que financia al Departamento de Seguridad Nacional expire el 13 de febrero, lo que podría obligar a todos sus componentes, incluyendo la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), a un cierre. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aún tiene acceso a 75 mil millones de dólares en fondos incluidos en los enormes recortes de impuestos y el paquete de gastos promulgado el año pasado.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, afirmó que la oferta que él y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, enviaron a los republicanos fue el resultado de una “conversación muy productiva”.

“Se necesitan cambios drásticos en el Departamento de Seguridad Nacional con respecto a sus actividades de aplicación de la ley para que el ICE y otras agencias se comporten como cualquier otra agencia del orden público del país, y no, en tantos casos, de manera deshonesta o ilegal”, declaró Jeffries.

Los demócratas insistirán en que los agentes federales de inmigración:

  • Usen cámaras corporales.
  • Usen mascarillas solo para ocultar su identidad en circunstancias extraordinarias e inusuales.
  • No realicen patrullajes itinerantes.
  • No detengan a personas en ciertos lugares, como lugares de culto, escuelas o centros de votación.
  • No participen en la discriminación racial.
  • No detengan ni deporten a ciudadanos estadounidenses.

Jeffries afirmó que se deberían exigir órdenes judiciales, a diferencia de las administrativas, “antes de que los estadounidenses comunes sean arrancados de sus hogares o sacados violentamente de sus automóviles”.

“La Cuarta Enmienda no es un inconveniente, es un requisito consagrado en nuestra Constitución que todos deben cumplir”.

Esa enmienda establece que el gobierno no violará el “derecho de las personas a la seguridad de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros e incautaciones irrazonables” y que las órdenes de arresto sólo pueden emitirse con causa probable.

Las órdenes administrativas no son firmadas por un juez, sino aprobadas por los propios oficiales del ICE. Bajo la ley de inmigración de EEUU, el ICE también tiene cierta autoridad para realizar arrestos sin orden judicial si un oficial de inmigración encuentra a una persona sospechosa de estar en el país ilegalmente y cree que escapará antes de que se pueda obtener una orden judicial.

Medidas de rendición de cuentas

Los demócratas también presionarán a los republicanos para que acepten lo que Schumer describió como “rendición de cuentas real”.

“Tiene que haber una supervisión externa e independiente por parte de los gobiernos estatales y locales, y de los individuos”, dijo Schumer. “Y tiene que existir el derecho a demandar, tiene que existir el derecho a acudir a los tribunales y detener esto”.

Schumer criticó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, por afirmar que los agentes de inmigración deberían poder usar mascarillas, refiriéndose a ellos como “policía secreta” que necesita “ser identificada más que cualquier otro grupo”.

“Apuesto a que cuando el presidente Johnson visite Luisiana, los sheriffs y los agentes de policía estarán bien identificados, como en casi todas las ciudades”, dijo. Al ser presionado sobre la afirmación de Johnson de que los republicanos no aceptarían exigir órdenes judiciales, Jeffries afirmó que el presidente había “expresado posturas irrazonables”.

“De hecho, apoya la idea de que se despliegan agentes del ICE enmascarados e ilegales en comunidades de todo Estados Unidos”, declaró Jeffries. “Mike Johnson calificó la Cuarta Enmienda como un inconveniente. No lo es. Es parte de la esencia y el ADN de nuestro país, al igual que la Primera Enmienda, sí, incluso la Segunda Enmienda, la Décima Enmienda y la Cuarta Enmienda.

“Defendemos todos estos privilegios constitucionales que nos han caracterizado desde el principio”.

Cronograma de negociación

Schumer declaró durante la conferencia de prensa que los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado estaban preparados para iniciar negociaciones con los republicanos, pero insistirían en cambios “para controlar al ICE de manera muy seria”.

“Si no son serios y no implementan una reforma real, no deberían esperar nuestros votos, así de simple”, afirmó.

Schumer se mostró algo escéptico de que la senadora republicana de Alabama, Katie Britt, a quien el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, propuso como su principal negociadora, estuviera realmente facultada para llegar a un acuerdo en nombre de todos los senadores republicanos.

Britt, presidenta del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional, declaró a la prensa el miércoles que prevé que los legisladores tendrán que aprobar otro proyecto de ley de gastos provisional para el departamento, lo que indica que no espera un acuerdo en las próximas dos semanas. “Necesitamos un poco más de tiempo, así que ojalá (los demócratas) vean el buen esfuerzo que hemos hecho… y tengamos otra Resolución Continua”, dijo, refiriéndose al nombre técnico de un proyecto de ley de financiación a corto plazo, una resolución continua.

Britt no especificó la duración de esta medida de financiación temporal para el Departamento de Seguridad Nacional.

Cualquier proyecto de ley de gastos, ya sea a corto o largo plazo, necesitará el apoyo demócrata para avanzar en las votaciones de procedimiento en el Senado.

El Congreso ha aprobado 11 de los 12 proyectos de ley de financiación anual, por lo que el DHS sería la única parte del gobierno federal que paralizaría si los legisladores no pueden aprobar su proyecto de ley anual u otra medida provisional antes de que expire su financiación.

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