Esta historia fue publicada originalmente por Ariana Figueroa para NC Newsline, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Gabriel Vanslette/Wikimedia
Por Ariana Figueroa
Washington, D.C.— Una docena de congresistas demócratas solicitaron el lunes a un juez federal una audiencia de emergencia, argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional violó una orden judicial al negar a legisladores de Minnesota el acceso para supervisar las instalaciones que albergan a inmigrantes.
Las visitas de supervisión a las instalaciones del ICE en Minneapolis se realizaron tras el tiroteo mortal de Renee Good, de 37 años, a manos del agente federal de inmigración Jonathan Ross. Tras el tiroteo, los agentes federales de inmigración intensificaron la aplicación de las leyes migratorias en las Ciudades Gemelas, lo que provocó protestas masivas allí y en todo el país.
“El sábado 9 de enero, tres días después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera asesinada a tiros por un agente del ICE en Minneapolis, tres congresistas de la delegación de Minnesota, con la orden de este Tribunal en mano, intentaron realizar una visita de supervisión a una instalación del ICE cerca de Minneapolis”, según la presentación del lunes ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia. Las representantes demócratas estadounidenses Ilhan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison, de Minnesota, afirmaron que se les negó la entrada al Edificio Federal Bishop Henry Whipple poco después de llegar para su visita el sábado por la mañana.
Los legisladores indicaron en la presentación que a los minnesotanos se les negó el acceso debido a una nueva política de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La nueva política de Noem, similar a una bloqueada temporalmente por la jueza federal Jia Cobb el mes pasado, exige un aviso con siete días de anticipación para que los legisladores realicen visitas de supervisión.
“La política de notificación duplicada es un intento transparente del DHS de subvertir una vez más la voluntad del Congreso… y la suspensión por parte de este Tribunal de la política de visitas de supervisión del DHS”, según la nueva presentación de los abogados que representan a los 12 demócratas.
El DHS cita un proyecto de ley de reconciliación
En sus presentaciones, Noem argumentó que los fondos para la aplicación de la ley migratoria no están sujetos a la ley de asignaciones de 2019, conocida como Sección 527, que permite visitas de supervisión sin previo aviso a las instalaciones que albergan a inmigrantes.
Ella explicó que, dado que los centros se financian mediante la Ley de la “One, Big, Beautiful Bill Act”, aprobada y promulgada el año pasado, el departamento no necesita cumplir con la Sección 527.
La OBBBA, aprobada mediante un proceso legislativo llamado reconciliación, puede ajustar el gasto federal aunque no sea una ley de asignaciones.
“Esta política es coherente y materializa la clara intención del Congreso de no someter los fondos de la OBBBA a las limitaciones de la Sección 527”, según el memorando de Noem.
El Congreso está trabajando actualmente en el próximo proyecto de ley de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional. En su presentación, los legisladores argumentan que “los miembros del Congreso deben poder supervisar los centros de detención del ICE, sin previo aviso, para obtener información urgente y esencial para las negociaciones de financiación en curso”.
“Los miembros del Congreso están negociando activamente la financiación del DHS y del ICE, incluyendo la consideración del alcance y las limitaciones de la financiación del DHS para el próximo año fiscal”, según la presentación.
Entre los demócratas que demandaron se encuentran Joe Neguse de Colorado, Adriano Espaillat de Nueva York, Jamie Raskin de Maryland, Robert García de California, J. Luis Correa de California, Jason Crow de Colorado, Verónica Escobar de Texas, Dan Goldman de Nueva York, Jimmy Gómez de California, Raúl Ruiz de California, Bennie Thompson de Mississippi y Norma Torres de California.
Neguse, el demandante principal en el caso, declaró que la ley es clarísima.
“En lugar de cumplir con la ley, el DHS está derogando la orden judicial al reimponer la misma política ilegal”, declaró. “Sus acciones son indignantes y subvierten la ley, por lo que volveremos a los tribunales para impugnarla de inmediato”.
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