Artículo originalmente publicado por Shauneen Miranda para News From The States, en su versión en inglés y traducida al español. Fotografía: Ted Eytan/Wikimedia
Washington, D.C.— El gobierno del presidente Donald Trump tomó medidas importantes el jueves en una campaña para bloquear el acceso de menores a la atención de afirmación de género en todo el país.
Bajo dos nuevas normas propuestas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, los hospitales tendrían prohibido brindar tratamiento de transición de género a niños como condición para participar en los programas de Medicare y Medicaid, y se prohibiría el uso de fondos de Medicaid para financiar dicha atención a menores.
Dado que la mayoría de los hospitales reciben fondos de Medicare y Medicaid, las normas tendrían el efecto de una prohibición nacional si se finalizan.
El anuncio se produjo un día después de que la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobara un proyecto de ley que impondría sanciones penales federales por la atención de afirmación de género para menores y horas antes de que presentara una medida separada que prohibiría la financiación de Medicaid para el tratamiento de transición de género para menores.
Las regulaciones propuestas, que se someterán próximamente a un período de comentarios públicos, seguramente generarán impugnaciones legales.
Estas medidas se basan en la orden ejecutiva de Trump de enero que restringió el acceso a la atención de afirmación de género para niños.
Más de la mitad de los estados ya cuentan con leyes o políticas destinadas a limitar el acceso de los jóvenes a la atención médica que reafirma el género, según la organización no partidista de investigación en salud KFF.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el administrador de los CMS, Dr. Mehmet Oz, anunciaron las propuestas junto con otros funcionarios de salud en una conferencia de prensa en la sede del HHS en Washington, D.C.
En la sala se encontraban varios congresistas republicanos. Al menos dos fiscales generales estatales republicanos —Ken Paxton de Texas y Todd Rokita de Indiana— también estuvieron presentes.
En la conferencia de prensa, el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Dr. Marty Makary, indicó que la FDA también está enviando “cartas de advertencia” a 12 fabricantes y vendedores de fajas mamarias por “comercialización ilegal de fajas mamarias para niños con el fin de tratar la disforia de género”.
Las fajas mamarias se utilizan para aplanar el tejido del pecho.
Kennedy afirmó que la Oficina de Derechos Civiles de su agencia está tomando medidas para “revertir el intento de la administración Biden de incluir la disforia de género dentro de la definición de discapacidad”.
Cámara de Representantes aprueba proyectos de ley antitransgénero
Las normas propuestas forman parte de la agenda antitransgénero más amplia de la administración Trump.
Trump ha firmado órdenes ejecutivas que establecen como “política de Estados Unidos el reconocimiento de dos sexos, masculino y femenino”, con el objetivo de excluir a los militares abiertamente transgénero del ejército estadounidense y de prohibir a los atletas trans competir en equipos deportivos femeninos que coincidan con su identidad de género.
Mientras tanto, los esfuerzos en el Congreso para restringir el acceso de los jóvenes a la atención médica de afirmación de género enfrentan un camino desalentador en el Senado, donde cualquier legislación probablemente necesitaría el respaldo de al menos 60 senadores para superar el filibusterismo.
La Cámara de Representantes aprobó una medida el miércoles por la noche, por 216 votos a favor y 211 en contra, que sometería a los profesionales médicos a hasta 10 años de prisión por brindar atención médica de afirmación de género a menores.
La representante Marjorie Taylor Greene, quien patrocinó la legislación, calificó su aprobación como una “victoria para los niños de todo Estados Unidos” en una publicación en redes sociales el miércoles.
Es probable que este sea el último logro legislativo del republicano de Georgia, quien renunciará al Congreso a principios de enero.
Cuatro republicanos votaron en contra de la medida: los representantes Gabe Evans de Colorado, Brian Fitzpatrick de Pensilvania, Mike Kennedy de Utah y Mike Lawler de Nueva York.
Tres demócratas votaron con el Partido Republicano para respaldar el proyecto de ley: los representantes Henry Cuellar y Vicente Gonzalez de Texas, y Don Davis de Carolina del Norte.
La Cámara de Representantes también aprobó el jueves, por 215 votos a favor y 201 en contra, una medida presentada por el representante republicano de Texas, Dan Crenshaw y Greene, que busca prohibir la financiación de Medicaid para procedimientos de transición de género en menores.
Cuellar, Gonzalez y Davis también respaldaron el proyecto de ley liderado por el Partido Republicano, junto con su colega demócrata, Marie Gluesenkamp Perez, del estado de Washington.
Ataques crueles e inconstitucionales
Kelley Robinson, presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, un grupo de defensa de los derechos LGBTQ+, criticó duramente las propuestas del gobierno, afirmando que “pondrían a Donald Trump y a RFK Jr. en esos consultorios médicos, arrebatando las decisiones sobre atención médica de las manos de las familias y poniéndolas en manos de la franja anti-LGBTQ+”.
Robinson también enfatizó que las normas son “propuestas, no leyes vinculantes”, e instó a los miembros de la comunidad, proveedores de atención médica, administradores y aliados a “oponerse abiertamente, compartiendo las formas en que estas propuestas serían devastadoras para sus familias y la comunidad sanitaria en general”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también condenó las propuestas del gobierno y se comprometió a impugnarlas en los tribunales.
Chase Strangio, codirector del Proyecto de Derechos LGBTQ y VIH de la ACLU, calificó las propuestas como “ataques crueles e inconstitucionales a los derechos de los jóvenes transgénero y sus familias”.
Strangio dijo que las propuestas “obligarían a los médicos a elegir entre sus obligaciones éticas hacia sus pacientes y la amenaza de perder la financiación federal” y “desarraigarían a las familias que ya han huido de las prohibiciones a nivel estatal, dejándolas sin ningún lugar al que recurrir para obtener la atención que necesitan para sobrevivir y prosperar”.
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