Artículo originalmente publicado por Shauneen Miranda para Minnesota Reformer. Fotografía: Eric Haynes/Flickr
Por Shauneen Miranda
Washington, D.C.— El Departamento de Educación de EEUU anunció el martes una propuesta de acuerdo que eliminaría permanentemente un plan de pago de préstamos estudiantiles basado en los ingresos, en el que están inscritos más de 7 millones de prestatarios.
En virtud de una propuesta conjunta con siete estados de mayoría republicana que impugnaron el programa, el departamento no inscribiría a nuevos prestatarios en el plan “Ahorro para una Educación Valiosa” (SAVE), rechazaría las solicitudes pendientes y asignaría a los prestatarios que ya participan en el plan a planes de pago que cumplan con la ley.
El programa, introducido en 2023 bajo la administración del entonces presidente Joe Biden, fue objeto de impugnaciones legales por parte de varios estados de mayoría republicana, incluido Misuri, y ha sido bloqueado por los tribunales. La iniciativa buscaba ofrecer pagos mensuales más bajos a los prestatarios y condonar la deuda restante después de un cierto período.
Si un tribunal federal de Misuri aprueba el acuerdo, el departamento indicó que los prestatarios actualmente inscritos en el plan SAVE “tendrán un tiempo limitado para seleccionar un nuevo plan de pago legal y comenzar a pagar sus préstamos estudiantiles”.
El acuerdo surge de una impugnación legal al plan presentada por Misuri, Arkansas, Florida, Georgia, Dakota del Norte, Ohio y Oklahoma en 2024.
Un “esquema engañoso”
En un comunicado junto con el anuncio, el subsecretario de Educación, Nicholas Kent, afirmó que la administración del presidente Donald Trump “está corrigiendo este error y poniendo fin a este esquema engañoso”.
“La ley es clara: si solicitas un préstamo, debes devolverlo”, añadió Kent. “Gracias a la lucha del Estado de Misuri y a otros estados contra esta flagrante extralimitación federal, los contribuyentes estadounidenses ahora pueden estar seguros de que ya no se verán obligados a servir de garantía para políticas ilegales e irresponsables de préstamos estudiantiles”.
Los republicanos argumentaron que el permisivo plan de pago eximía a los prestatarios de responsabilidad a expensas de los contribuyentes federales.
La fiscal general de Misuri, Catherine Hanaway, declaró el martes en un comunicado que su oficina “luchó por los estadounidenses trabajadores que estaban siendo abusados por los burócratas de la administración Biden, y ganamos en los tribunales en cada ocasión”. “Apreciamos las soluciones reales y a largo plazo del presidente Trump en lugar de los esquemas ilegales de préstamos estudiantiles”, añadió Hanaway.
Sin embargo, los defensores estudiantiles afirmaron que el acuerdo impondría una carga adicional a los prestatarios estudiantiles que ya se enfrentan al aumento del costo de vida.
Persis Yu, subdirectora ejecutiva y asesora ejecutiva del grupo de defensa Protect Borrowers, criticó el acuerdo de conciliación como una “pura capitulación” en un comunicado emitido el martes.
“Mientras millones de prestatarios de préstamos estudiantiles luchan contra la creciente crisis de asequibilidad… la multimillonaria Secretaria de Educación, Linda McMahon, optó por llegar a un acuerdo secreto con un fiscal general estatal de derecha y despojar a los prestatarios del plan de pago más asequible que ayudaría a millones a mantenerse al día con sus préstamos y, al mismo tiempo, a mantener un techo”, declaró Yu.
Intereses acumulados
En febrero, un tribunal federal de apelaciones confirmó una orden judicial de un tribunal inferior que impedía la entrada en vigor del plan SAVE. Los prestatarios bajo este plan se vieron sometidos a una suspensión temporal de pagos sin intereses el año pasado, en medio de un limbo legal.
Sin embargo, los préstamos de los prestatarios bajo la suspensión temporal de pagos del SAVE comenzaron a devengar intereses el 1 de agosto, una medida anunciada por el departamento en julio para cumplir con las órdenes judiciales.
El plan SAVE ya estaba previsto que se eliminara gradualmente para julio de 2028, según el proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de los republicanos del Congreso, que Trump promulgó este año.
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